Miami – Un juez federal ordenó que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) permita a los detenidos en el centro de indocumentados de Adelanto (California) llamadas privadas y gratuitas con sus abogados.
El magistrado federal Jesús Bernal determinó el sábado que ICE debe revisar las políticas que ha impuesto en el centro de detención de Adelanto en el marco de la pandemia del COVID-19, las cuales, según sus críticos, han hecho «casi imposible» que el inmigrante y su abogado mantengan conversaciones privadas.
Los agentes en el centro «deben permitir llamadas legales gratuitas, razonablemente privadas, en líneas telefónicas no registradas y no vigiladas, y debe idear un procedimiento confiable para que los abogados y los detenidos programen esas llamadas dentro de las 24 horas de una solicitud», determinó el magistrado.
Bernal dio a conocer su decisión en un escrito de 15 páginas y en respuesta a una solicitud ingresada el pasado 26 de marzo en la corte por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) del Sur de California y otras organizaciones, a fin de que se emita una orden de restricción temporal.
ACLU y la Clínica de los Derechos de los Inmigrantes en la Facultad de Derecho de la Universidad de Stanford, así como la firma legal Sidley Austin, denunciaban que en el centro de detención, ubicado a unas 80 millas al este de Los Ángeles y operado por la compañía Geo Group, las llamadas telefónicas han sido muy limitadas.
«Las conversaciones en la instalación no solo no fueron confidenciales, sino que también fueron tan caras que muchos detenidos no tuvieron la oportunidad de utilizarlas para consultas efectivas», señaló ACLU en una nota de prensa.
El sistema de llamadas incluso no permitía dejar mensajes de voz o navegar en los menús grabados.
«La corte reconoció que ICE y GEO no pueden simplemente cerrar las visitas para detenidos de inmigración sin abrir otras vías de comunicación con el mundo exterior», dijo Eva Bitrán, abogada de ACLU del Sur de California, según recoge el comunicado.
A causa de la pandemia del coronavirus, ACLU y otras organizaciones han pedido en las últimas semanas y hasta entablado demandas para pedir la liberación de indocumentados de los centros de detención, en vista de la exposición al COVID-19 que enfrentan al interior de estos sitios.
La semana pasada, el magistrado federal Terry J. Hatter Jr. ordenó la liberación de diez indocumentados de Adelanto, centro de detención que tiene capacidad para unos 2.000 internos.
