Pasajeros en el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale en Florida (EE.UU.). EFE/Giorgio Vera/Archivo

Nueva York – Una jueza federal de Boston declaró que las búsquedas que llevan a cabo las autoridades de inmigración en los dispositivos electrónicos de los viajeros sin tener «una sospecha razonable» son inconstitucionales, después de que once personas afectadas por ello interpusieran una denuncia.

La Unión de Libertades Civiles de EE.UU. (ACLU), uno de los entes que representaron a los denunciantes, ha considerado la decisión una «victoria para los derechos a la privacidad», ya que los agentes fronterizos «deben ahora demostrar que tienen una sospecha individualizada de contrabando», según indicó en un comunicado.

ACLU señala que las búsquedas en dispositivos electrónicos en los puertos de entrada de EE.UU. se ha incrementado y una de las dos agencias responsables, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) -la otra es el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)-, realizó 33.000 búsquedas en 2018, cifra que casi cuadruplica la de 2015.

Las autoridades establecieron sus políticas sobre el asunto en 2009, pero el año pasado la CBP distinguió entre búsquedas básicas y avanzadas, requiriendo para estas últimas especificar que tienen «sospechas razonables» o «preocupaciones de seguridad nacional», lo que los denunciantes alegan que no se cumplió.

De acuerdo a la decisión de la jueza Denise J. Casper, a la que accedió Efe, las políticas del Gobierno sobre búsquedas sin orden judicial y sin sospecha razonable «violan la Cuarta Enmienda» de la Constitución, que protege constitucionalmente a los estadounidenses contra búsquedas y decomisos que carecen de una orden.

Sophia Cope, letrada de Electronic Frontier Foundation, otro de los entes que representaron a los denunciantes, apuntó que «ahora los viajeros pueden cruzar la frontera sin miedo a que el Gobierno pueda, en ausencia de sospechas, saquear la información extraordinariamente sensible que llevamos en nuestros dispositivos».

Los denunciantes son diez ciudadanos estadounidenses y un residente legal permanente, musulmanes o pertenecientes a minorías, a los que se les han hecho búsquedas en la aduanas de EE.UU. al menos una vez, la mayoría en aeropuertos del país tras un vuelo internacional.

Entre ellos está la periodista estadounidense musulmana Zainab Merchant, que según denunció en su momento, informó a los agentes de que su teléfono contenía comunicaciones confidenciales entre un abogado y su cliente, y aún así fue sometido a una búsqueda.