Miami – Cientos de inmigrantes se congregaron este viernes en la capital de Florida, Tallahassee, para expresar su repudio a la ley SB 1718 y reclamar una reforma migratoria integral que evite que «políticos mediocres» usen periódicamente a los latinos como «piñatas», según dijo uno de los oradores.
La concentración en las afueras del Capitolio, el edificio que alberga al Congreso estatal, fue precedida por el desfile de una caravana de vehículos por el centro de la ciudad.
Algunos de esos automóviles salieron de San Diego (California) la semana pasada con el lema «Todos somos Florida» para solidarizarse con los indocumentados floridanos afectados por la SB 1718.
La caravana estuvo en 13 ciudades y fue sumando participantes hasta su llegada a Florida anoche.
En el parque frente al Capitolio había desde la mañana un grupo grande de personas con camisetas con leyendas de «Todos somos Florida» y banderas de países como México, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Puerto Rico y Cuba, a los que se espera que vayan sumándose muchas más a lo largo del día.
Gritos como «Sí se puede» o «El pueblo no será vencido» resonaron en el parque frente al Capitolio en un día muy caluroso en esta zona del norte de Florida.
No tenga miedo, la vamos a parar
«No tengan miedo, no se vayan de Florida», dijo el activista Luis Vega, que luchó en su día contra la ley antiinmigrante SB 1070 de Arizona y aseveró que esta ley floridana, que, según dijo, «es una copia de aquella» no va a ser implementada porque se va a pelear en la justicia.
Los congregados en la víspera de la entrada en vigor de la ley promovida por el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, que castiga severamente la inmigración irregular, se pasaron el micrófono frente a las cámaras de televisión para poder expresar lo que sienten cuando se acerca la «hora cero».
Una reforma migratoria integral acompañada de una amnistía para todos los indocumentados a nivel federal fue la reclamación más escuchada en la concentración, junto a los llamamientos para «parar esta ley».
Juan José Gutiérrez, dirigente de la organización Derechos Plenos para los Inmigrantes y uno de los llegados en la caravana que partió de California, subrayó que hay que evitar a toda costa que el ejemplo de la ley SB 1718 se extienda por Estados Unidos como «un cáncer».
Gutiérrez agregó que para evitar que «políticos mediocres», una aparente alusión a DeSantis, sigan usando como una «piñata» a los inmigrantes cada vez que necesitan contentar a sus bases electorales es necesario que el Congreso apruebe la tantas veces postergada reforma migratoria.
Otros de los participantes en la concentración hicieron hincapié en que los indocumentados trabajan y no son una «carga social», pues pagan impuestos: 1,600 millones de dólares solo en Florida y 4,000 millones de dólares en todo el país, según dijo una de las activistas que tomó la palabra espontáneamente.
Medios como Univision, que transmitió en directo desde la concentración, subrayaron la ausencia de políticos y representantes estatales en la protesta.
Para mañana está previstos actos de protesta en distintas ciudades de Florida y, según dijo a EFE Gutiérrez se va «a anunciar un boicot» a los productos de Florida, como frutas y verduras y jugo de naranja y otros cítricos», en rechazo a esta ley.
El director ejecutivo de Derechos Plenos para los Inmigrantes, que forma parte de «la coalición de coaliciones Todos somos Florida», señaló que, además de las protestas, abogados de organizaciones de derechos civiles y pro inmigrantes han diseñado una estrategia legal contra la SB 1718 que se va a plasmar en varias demandas judiciales.
La nueva normativa obliga a las empresa de más de 25 empleados a usar un programa para verificar el estatus migratorio de cada uno y tipifica el viajar en un automóvil a través de las fronteras estatales con una persona indocumentada como un delito grave punible con hasta 15 años de prisión.
La ley dificulta el acceso de los indocumentados a la atención médica, al hacer obligatorio el registro del estatus migratorio de todos los pacientes en hospitales que reciben Medicaid (el seguro de salud público) y desconoce las licencias de manejar expedidas por otros estados a personas sin estatus migratorio legal.
