Madrid/Budapest, 11 jun (EFE).- Medios digitales de diversos países europeos han publicado informaciones en las que se acusa a las autoridades comunitarias de entregar tarjetas de crédito a personas migrantes, especialmente refugiadas de Siria, por una cantidad aparentemente desorbitada, como afirma el Gobierno húngaro. La noticia, que se ha replicado en un formato casi idéntico en varias plataformas en Suecia, Francia, República Checa o España, contiene afirmaciones como que la Unión Europea (UE) ha entregado tarjetas prepago por un valor de 1.550 millones de euros a 2 millones de migrantes en situación irregular. AFIRMACIÓN: "Lo que sabemos ahora es que más de 2 millones (de refugiados y migrantes) la recibieron (la tarjeta), y que han gastado euros por un valor de más de 500.000 millones de forintos (1.557 millones de euros)". Así lo aseguró György Bakondi, principal asesor de Seguridad Nacional del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, en una entrevista en el canal de la televisión pública M1 el pasado 26 de abril. Pero antes incluso de que las declaraciones del representante húngaro se viralizaran, el bulo ya se había expandido por toda Europa, incorporando elementos como que no era necesaria documentación para usar estas tarjetas, que su expedición era ilegal, se podían usar en toda la UE o que el millonario de origen húngaro George Soros aportaba el capital. En España, la información ha sido publicada por digitales como Diario Patriota o Caso Aislado y se ha difundido en las últimas semanas en grupos de simpatizantes de Vox en Twitter, junto a una fotografía de una tarjeta Mastercard, real, con el mapa de la UE y el logo de ACNUR. DATOS: No es cierto que la UE haya gastado 1.550 millones de euros en tarjetas de crédito para refugiados: la Comisión Europea (CE) ha abonado ayudas por un importe cercano a los 122 millones a través tarjetas prepago, que solo se han concedido a solicitantes de asilo en territorio griego, según el Ejecutivo comunitario. La CE puso en marcha en 2016 un sistema de tarjetas de prepago para regular el uso de la asistencia a solicitantes de asilo que llegaban a Europa a través de Grecia, aclara el comisario europeo de Migración, Dimitris Avramopoulos, en una respuesta parlamentaria del 12 de febrero. La iniciativa se enmarca en el programa ESTIA, financiado por el Ejecutivo comunitario, y que la CE desarrolla junto al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y otros socios humanitarios para dar ayudas en metálico a personas desplazadas por la guerra civil siria a Turquía, Jordania, Líbano y Grecia, confirman a Efe fuentes de ACNUR en España. En Grecia, el programa es coordinado por el Ministerio de Políticas Migratorias y gestionado por ACNUR, en colaboración con la Federación Internacional de la Cruz Roja y el Servicio de Auxilio Católico, precisa Avramopoulos en una respuesta a preguntas de grupos que recogían las informaciones falsas que han circulado por Europa en los últimos meses. El dinero que reciben los demandantes de asilo está destinado a cubrir necesidades básicas de comida y transporte y varía en función del tamaño de la unidad familiar, en línea con las políticas asistenciales griegas. Los beneficiarios pueden utilizar las tarjetas durante un periodo de seis meses y "solo en Grecia", puntualiza el comisario. De hecho, Grecia es "el único país de la UE" donde la asistencia a estas personas se realiza mediante tarjetas, que se recargan con una cantidad fija de dinero mensual. "Son categóricamente falsas las informaciones que afirman que las tarjetas prepago emitidas en Grecia por ACNUR a los solicitantes de asilo y refugiados son mal empleadas en otros países", subraya a EFE el portavoz de la organización de la ONU en Grecia Boris Cheshirkov. Según datos de la CE, entre 2016 y 2018, 90.000 personas se beneficiaron del programa de asistencia en Grecia, que recibieron en torno a 122 millones de euros, muy lejos de los 1.550 millones indicados por el dirigente húngaro. ACNUR asumió el programa de asistencia con tarjetas prepago en Grecia en abril 2017, y desde entonces ha gestionado ayudas de la UE por valor de 113,1 millones de euros para 114.260 personas. Con anterioridad a esa fecha, "varias organizaciones estaban ofreciendo ayudas en metálico -también a través de tarjetas prepago- a pequeña escala", precisa Cheshirkov. Ahora, en Grecia solo funciona un único modelo de tarjeta, con el logo de la UE y ACNUR. El consejero de Orbán también consideraba "ilegal" que estas tarjetas se proporcionaran sin nombre y de forma anónima, sin necesidad de acreditar la identidad, pero el comisario aclara al respecto que "las tarjetas incluyen un número que se refiere a la identidad del beneficiario participante en el programa". ACNUR añade que, aunque las tarjetas son emitidas por una entidad financiera, este servicio de prepago "no es un producto bancario ni de crédito" y, además, se realiza "en cumplimiento de todo el marco regulatorio relevante". "Las tarjetas emitidas para los beneficiarios están asociadas con una única cuenta de la que solo es propietaria ACNUR y solo ACNUR puede autorizar la transferencia de fondos a las tarjetas utilizadas", apostilla el portavoz. Respecto a si Soros ha invertido en esta iniciativa, la CE y ACNUR remarcan que el Ejecutivo comunitario financia "íntegramente" este programa. (Efe publica este artículo en colaboración con el proyecto periodístico CrossCheck, impulsado por la organización sin ánimo de lucro First Draft).

París – La comisaria europea de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, pide a los Estados europeos que pongan fin a la “represión” de los defensores de migrantes y demandantes de asilo, en un informe en el que denuncia la violencia, amenazas en su contra, así como la criminalización de su acción.

“Esta política deliberada atenta contra los derechos humanos de los actores de la sociedad civil y de las personas a las que ayudan”, señala este jueves en un comunicado Mijatovic, que insiste en que eso “corroe el tejido democrático de las sociedades”.

En su lugar, considera que “los gobiernos europeos deberían ver a los defensores de los derechos humanos como socios que pueden contribuir a que las políticas de asilo y de migración sean más eficaces y respetuosas con los derechos humanos”.

La comisaria examina en su informe algunos problemas que afrontan esas personas, como “declaraciones hostiles y estigmatizantes de representantes gubernamentales, parlamentarios y ciertos medios de comunicación”, o “violencia y amenazas” con una falta de reacción de las autoridades.

También constata una “criminalización del trabajo humanitario o de la defensa de los derechos humanos de los refugiados, de los demandantes de asilo o de los migrantes por una aplicación demasiado amplia de las leyes sobre el tráfico ilícito de migrantes”.

Asimismo, detecta la negativa de acceso a lugares que son esenciales para que puedan supervisar si se respetan los derechos de esos colectivos, como los centros de detención o las zonas fronterizas.

Mijatovic, que finaliza su mandato el próximo mes de abril, se queja de que, en el contexto actual de “políticas de asilo y de migración represivas”, “militarizadas” y marcadas por la seguridad, los Estados “cada vez descuidan más su obligación” de velar para que esos defensores de los derechos humanos puedan trabajar “en un entorno seguro y favorable”.

Hace hincapié en que esa “represión” se ejerce durante las operaciones de salvamento en el mar, pero también cuando ofrecen ayuda humanitaria o asistencia jurídica, cuando llevan a cabo acciones de vigilancia en las fronteras, hacen una cobertura mediática o llevan a cabo procedimientos contenciosos.

Entre las medidas que considera urgentes para corregir esa situación, la comisaria europea cita la reforma de las leyes, de las políticas y prácticas que obstaculizan su actividad o velar para que las leyes contra el tráfico ilícito de migrantes no penalicn ninguna actividad de defensa de los derechos humanos o de ayuda humanitaria.

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