San Salvador.– El oficialismo salvadoreño tomó el sábado las riendas de la Asamblea Legislativa y su primera acción fue votar para destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional del Supremo y al fiscal general, Raúl Melara.
En el último año, el presidente Nayib Bukele tuvo enfrentamientos en más de una ocasión con estos funcionarios por decisiones judiciales e investigaciones del Ministerio Público.
Ante las reacciones de representantes de gobiernos de otros países, Bukele señaló en Twitter que «estamos limpiando la casa».
«A nuestros amigos de la comunidad internacional: Queremos trabajar con ustedes, comerciar, viajar, conocernos y ayudar en lo que podamos. Nuestras puertas están más abiertas que nunca. Pero con todo respeto: Estamos limpiando nuestra casa» y «eso no es de su incumbencia», publicó el mandatario.
Fueron 64 legisladores de los 84 que componen la Asamblea Legislativa los que votaron por la destitución de los magistrados y del Fiscal, que fueron electos por anteriores legislaturas.
Los votos fueron dados por los partidos oficialistas Nuevas Ideas (NI), Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Partido de Concertación Nacional (PCN).
¿LAS DOS SALAS?
Minutos después de la votación para destituir a los magistrados, la Sala de lo Constitucional emitió un fallo en el que declaró inconstitucional la decisión por atentar contra el sistema de gobierno.
«Esto se debe a que, con una marcada intención de suprimir los controles efectivos hacia el Órgano Ejecutivo y Legislativo, incide negativamente en el control del ejercicio del poder que efectúa esta sala», reza el fallo.
Los magistrados por los que los diputados votaron para destituir son el presidente de la Corte Supera de Justicia (CSJ) José Armando Pineda, y los magistrados Aldo Enrique Cáder, Carlos Sergio Avilés, Carlos Ernesto Sánchez y Marina de Jesús Marenco.
Manuel Escalante, subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca) y doctor en derecho constitucional, indicó a Efe que con el fallo «la decisión de destitución no surte efectos», al ser emitido antes de que concluyera la sesión plenaria.
EL SALVADOR SIN CONTROLES
Analistas y defensores de derechos humanos advirtieron que, con la destitución de los magistrados constitucionales, el país se queda sin contrapesos para controlar las acciones del Gobierno y de la Asamblea Legislativa.
«La CSJ (Corte Suprema) es la instancia a la cual recurrir ante hechos de abusos de poder y violación a derechos constitucionales. Desmantelarla por decreto es dejar sin protección a la ciudadanía y romper de un golpe el necesario control interinstitucional entre los 3 poderes del Estado», dijo Celia Medrano, candidata a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Para Medrano, esta situación es «la ambición de control total concretada», lo que significa que «buscan no tener ningún control ni poder que pudiese frenar acciones arbitrarias e ilegales».
Eduardo Escobar, director de la organización Acción Ciudadana, advirtió que la situación podría agravarse si se ven involucradas las fuerzas de seguridad en la previsible crisis que enfrentará el país.
GOLPE TÉCNICO
Para Escobar, la decisión de deponer a los magistrados podría considerase una «ruptura del orden constitucional» y un «golpe de Estado técnico».
La principal gremial de empresarios, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), catalogó en un comunicado las acciones de la nueva Asamblea Legislativa como un golpe de estado.
«Condenamos el atentado contra la democracia», señaló la ANEP en un comunicado en el que llamó a la comunidad internacional a condenar las acciones del Legislativo, que buscan «la concentración total del poder en manos del Ejecutivo» de Bukele.
Para Abraham Ábrego, de la organización de derechos humanos Cristosal, en el país se está «perfilando el camino hacia una dictadura».
Los partidos opositores, que con 20 diputados no consiguen frenar estas decisiones, también denunciaron el «golpe de estado».
REACCIÓN DE EEUU
Estados Unidos supeditó el sábado la posibilidad de una «relación fuerte» con El Salvador a que el Gobierno de ese país apoye la separación de poderes y sostenga las normas democráticas, de acuerdo con la subsecretaria interina para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chung.
Antes que se produjeran las votaciones de destitución, Chung aseguró en Twitter que desde Washington se veía «con preocupación la propuesta de algunos miembros de la Asamblea Legislativa de destituir a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de El Salvador».
«Un órgano judicial independiente es el cimiento de toda democracia; ninguna democracia puede sobrevivir sin eso», complementó la funcionaria.
Juan González, el principal asesor para Latinoamérica del presidente de EE.UU. Joe Biden, también criticó la petición.
«Así no se hace», escribió en español en su cuenta de Twitter el alto cargo, al reaccionar a un mensaje que publicó en la misma red social el director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco.
