Brasilia – El portugués António Vitorino, director general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), pidió en una entrevista con EFE que la guerra en Ucrania no deje que se olviden otras crisis humanitarias, como la provocada por el éxodo venezolano.
«Para nosotros es muy importante y comprensible la atención a la situación en Ucrania», pero «que no nos haga olvidar que continúa habiendo en el mundo entero muchas otras crisis humanitarias que exigen apoyo y movilización» de la comunidad internacional, dijo Vitorino a EFE en el marco de una visita a Brasilia.
Entre esas otras crisis, afirmó que «claramente» se inscriben «la situación de Venezuela» y el impacto que tiene en casi toda América Latina, que impone «necesidades humanitarias urgentes».
Citó que, actualmente, entre otros países, se calcula que hay unos 2,5 millones de migrantes venezolanos en Colombia, unos 1,7 millones en Perú, otros 400.000 en Brasil e igual número en Chile, y cerca de 700.000 en Ecuador, que ha recibido el mayor impacto per cápita, en función de su población.
LA TRÁGICA TRAVESÍA DEL DARIÉN
Vitorino asoció de alguna manera la crisis venezolana a la dura situación que se registra desde hace más de dos años en las selvas del Darién, un inhóspito territorio que separa a Colombia de Panamá y se ha sido convertido en ruta para el tráfico de personas.
Explicó que, según datos de la OIM, en 2021 atravesaron el Darién unas 133.000 personas, número equivalente al que pasó por esa zona en los diez años anteriores, y que en 2022 esa cifra subió a cerca de 250.000.
Según Vitorino, en torno al 60 % de quienes arriesgan sus vidas en el Darién son venezolanos, a los que se han sumado migrantes de otros países, incluso del Caribe, que en su gran mayoría tienen la esperanza de llegar a Estados Unidos.
En relación a los caribeños, explicó que «los caminos trazados por las redes del tráfico de personas no funcionan con la lógica de la racionalidad geográfica» y cuentan con «medios muy poderosos y eficaces para hacer su negocio a costo de la vulnerabilidad humana».
Indicó que la OIM y otros organismos humanitarios tienen una vasta operación de atención a los migrantes en la salida del Darién, en Panamá, pero admitió que faltan recursos para dar una asistencia «más efectiva» debido al inmenso flujo de personas, que llegan en su mayoría con cuadros de «deshidratación, heridas y enfermas».
Aclaró que poco se sabe sobre las víctimas que quedan dentro de la selva, aunque precisó que, durante 2022, en la región del Caribe fueron hallados 321 migrantes muertos, lo cual «es muy impresionante si se compara con el año anterior, cuando habían sido 130».
Lamentó además que «el 51 % de los cuerpos no pudieron ser identificados», por lo que ni siquiera fue posible «informar a las familias sobre la muerte de sus seres queridos».
LA NECESIDAD DE FINANCIACIÓN HUMANITARIA Y PARA EL DESARROLLO
En ese marco de falta de recursos, valoró que, por una iniciativa de Canadá y la Unión Europea (UE), con apoyo de la propia OIM y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), haya sido convocada una nueva Conferencia de Países Donantes, que se celebrará en Bruselas los próximos 16 y 17 de marzo.
Según Vitorino, en el caso de América Latina la necesidad no es solo de apoyo a la asistencia humanitaria, sino que también es de «financiación para el desarrollo» de las «comunidades de acogida» a los venezolanos, que constituyen la mayoría de los migrantes.
Son «ciudades que sufren una presión» pues «ven llegar un significativo número de personas que tienen derechos» y desbordan la capacidad de los servicios sociales, dijo.
«El éxito de la integración se da a nivel local», enfatizó el director de la OIM, quien subrayó la necesidad de que los «servicios sociales básicos sean ofrecidos a los venezolanos, pero que también sean garantizados a los ciudadanos de las comunidades de acogida».
Como ejemplo, citó el caso de la educación, a la que sectores de la población más pobre de América Latina tienen un acceso limitado.
«La escolarización es fundamental», dijo Vitorino, y en el caso de los migrantes, entre los que hay muchos menores, afirmó que «no se puede permitir que una generación de niños venezolanos sea privada del acceso a la educación o al sistema de salud», porque eso sería comprometer el futuro de la propia Venezuela».
