Lima – La pandemia del coronavirus facilitó la incorporación al mercado laboral de migrantes y refugiados venezolanos del sector salud en América Latina y reveló el papel esencial que desempeñan como actores de desarrollo en la región, a pesar de ejercer sus labores en condiciones poco favorables.
Así lo revela un estudio divulgado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que busca visibilizar el aporte de este cuerpo de profesionales de la salud proveniente de Venezuela en la lucha contra la covid-19 en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú.
Estos seis países latinoamericanos concentran aproximadamente 3,6 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela, lo que representa cerca del 70 % del total de esta población alrededor del mundo.
La OIT estima que, en estos países de acogida, hay al menos 20.000 médicos venezolanos, aunque advierte que las cifras reales podrían ser «significativamente superiores», a falta de datos oficiales.
PILARES EN LA LUCHA CONTRA EL VIRUS
El informe «El aporte de las personas refugiadas y migrantes venezolanas frente a la pandemia de la covid-19 en los servicios esenciales de salud» subraya que la respuesta de algunos países para superar el déficit de profesionales sanitarios abrió puertas a refugiados venezolanos que comenzaron a laborar en la primera línea de la batalla contra el virus, independientemente de contar o no con los requisitos legalmente establecidos.
«Los trabajadores migrantes y refugiados, lejos de ser ‘vulnerables’, han sido pilares de las economías de la región desde que empezó la pandemia», señaló el director de la OIT para América Latina y el Caribe, Vinícius Pinheiro.
Aún así, el estudio revela que apenas un 52 % de los profesionales sanitarios venezolanos ejerce su profesión, pues solo tres de los seis países analizados – Perú, Chile y Argentina – promulgaron decretos que promueven la contratación temporal y transitoria de profesionales de salud nacionales y extranjeros durante la emergencia sanitaria.
En este sentido, la OIT insistió en la necesidad de que los países revisen su política para promover la contratación y la empleabilidad del personal de salud migrantes y refugiadas, con un mecanismo para cerrar su actual déficit de profesionales y fortalecer sus sistemas sanitarios.
TRABAJO INDECENTE
Por otro lado, el informe alerta del exceso de trabajo por parte de estos profesionales, que laboran un promedio de 48 horas semanales por un sueldo de entre 300 y 1.000 dólares.
Además, alrededor de la mitad no tiene contrato de trabajo y solamente un 10 % cuenta con un seguro de vida en caso de incapacidad o muerte a causa de la covid-19
En este sentido, la OIT hizo un llamado a desarrollar políticas públicas que fomenten a contratación de personal de salud migrantes «bajo un enfoque de trabajo decente», que ofrezca garantías de respeto a sus derechos.
Un segundo estudio reforzó esta idea, en relación a la «compleja» situación laboral que viven los refugiados venezolanos que, en medio de la crisis sanitaria, vieron una oportunidad de empleo en el sector de reparto de alimentos y medicinas.
En concreto, el informe «El aporte de las personas refugiadas y migrantes venezolanas en los servicios esenciales del reparto de comida y medicina durante la pandemia de la covid-19» precisa que, en Colombia y Perú, menos del 30 % del personal encuestado cuenta con un seguro contra accidentes, y menos del 20 % con un seguro de salud.
En Argentina, este último porcentaje asciende al 58 %.
