Ginebra – El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas instó hoy a México a desmilitarizar la Guardia Nacional y a resolver con prontitud el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 en Ayotzinapa, y dio a las autoridades mexicanas un plazo de dos años para responder a ambas peticiones.
En el sexto examen periódico de México por parte del Comité, que vela por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, este órgano lamentó en el caso de Ayotzinapa que «no se haya esclarecido el paradero de los estudiantes, ni sancionado a los responsables ni reparado de manera integral a las víctimas».
Sobre la Guardia Nacional, el nuevo cuerpo creado por el Gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, el órgano de la ONU pide reformas en el entrenamiento de sus efectivos para evitar abusos que el Comité ha denunciado en otras fuerzas de seguridad mexicanas, tales como ejecuciones extrajudiciales o detenciones arbitrarias.
«La Guardia Nacional fue creada para un momento determinado y no iba a estar militarizada durante mucho mas tiempo, iba a ser civil, pero ese componente civil no lo encontramos», señaló a Efe la vicepresidenta del Comité, la paraguaya Tania Abdo Rocholl.
La también miembro del Comité Helene Trigoudja añadió que «las cuestiones de seguridad no deberían estar en manos de fuerzas militares, o sólo debería ser así en circunstancias muy excepcionales».
Un tercer punto que el Comité consideró urgente y para el que también dio un plazo de dos años fue el acoso a periodistas y defensores de derechos humanos, dado el alto número de asesinatos y ataques contra estos colectivos.
En este sentido lamentó que no existan cuerpos de seguridad o judiciales especializados en este tipo de acosos, por lo que pide que se destinen más recursos al combate de estas violaciones de derechos humanos, así como una exhaustiva investigación de éstas.
Otro de los muchos aspectos sobre el que el Comité transmitió preocupación fue el maltrato a los migrantes, en un momento de aumento de los flujos migratorios desde Centroamérica a Estados Unidos y presiones del Gobierno estadounidense al mexicano para frenarlos.
«México tiene ahora una situación bastante compleja en sus fronteras y preocupan mucho las denuncias que hemos recibido de vulneración de varios derechos humanos, incluso trafico ilegal, maltrato o torturas», subrayó Abdo Rocholl.
Por otro lado el Comité expresó su preocupación por las amenazas a la independencia judicial en México, que adoptan diversas formas, «desde la reducción de salario de los jueces a sanciones disciplinarias contra ellos, así como amenazas directas en los periódicos», agregó Trigoudja.
Las altas y crecientes tasas de homicidios, la violencia de género contra mujeres y niñas o la falta de uniformidad legislativa en materia de derechos humanos entre la política nacional y las federales de los distintos estados de México son otros puntos negros que subraya el informe del Comité de la ONU.
En el lado positivo da la bienvenida a la creación en los últimos años de legislaciones como la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura o la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas (ambas de 2017), aunque lamenta su lenta aplicación.
