Atlanta (GA) – A un año de la redada en Morristown (Tennessee), que marcó el inicio de operativos masivos de este tipo por parte de la administración del presidente Donald Trump, la comunidad del condado de Grainger lucha por defender sus derechos en medio del trauma que aún embarga a muchas familias.
El 5 de abril de 2018 se convirtió en la fecha que marcó un antes y un después para un centenar de trabajadores hispanos de una planta procesadora de carne que fueron detenidos por agentes fuertemente armados y enviados a centros de detención en varios estados del país.
De acuerdo con las autoridades, el propietario de la empacadora Southeastern Provision, James Brantley, estaba siendo investigado por fraude tributario, lo que habría motivado el masivo operativo.
No obstante, la organización Southern Poverty Law Center (SPLC) consideró que los derechos de los trabajadores fueron violados y presentaron una demanda contra agentes de ICE en febrero pasado, que a un año del incidente aún busca sentar un precedente.
«Estamos tratando de hacer responsables a los agentes del (Departamento de) Seguridad Nacional que participaron en esta redada. Nuestra queja señala que esta redada fue ilegal por varias razones», dice a Efe Julia Solórzano, abogada de SPLC.
La organización presentó la pasada semana una moción para pedir que un juez ordene que les permita conocer los nombres de los agentes que participaron en la redada para poder ser nombrados como acusados en la demanda.
La acción legal, interpuesta a nombre de siete trabajadores que fueron detenidos, argumenta que los agentes de migración violaron los derechos constitucionales de los trabajadores por detenerlos únicamente basados en su perfil racial y sin que hubiese causa probable de delito alguno.
«Durante la redada hubo perfil racial, arrestos ilegales que no estaban basados en una causa probable o sospecha razonable, y los oficiales usaron fuerza excesiva», agregó la abogada.
En los documentos presentados en corte, la organización señala que durante la redada, en la que al menos 97 de los detenidos podían ser sujetos a deportación, solo se acorraló y detuvo a los trabajadores hispanos, no a los trabajadores blancos.
Tras la redada de Tennessee se han llevado a cabo otras redadas masivas, la última de ellas la pasada semana en Texas, donde fueron detenidos más de 280 trabajadores de una empresa de tecnología y que ha sido catalogada como el mayor operativo de este tipo llevado a cabo en un centro de trabajo en una década.
«Estamos viendo el regreso de estas redadas a gran escala en los lugares de trabajo en años recientes, con la de Tennessee como la primera de una serie de redadas y por ello queremos hacer responsable a ICE por acciones que fueron inconstitucionales», indicó Solórzano.
La redada citada en la demanda fue en su momento la mayor realizada por ICE décadas y causó conmoción en la comunidad por su magnitud y por la excesiva fuerza utilizada por los agentes de migración que participaron.
Pese al trauma causado por la redada, la comunidad se ha mantenido en pie de lucha y ha hecho sentir su voz para que se respeten sus derechos, más recientemente con la derrota de una ley estatal que pretendía negarle la partida de nacimiento a los menores cuyos padres no estuviesen legalmente en Estados Unidos.
«Esta es una victoria para nuestras comunidades y nuestro estado, un crédito y reconocimiento especial para la poderosa organización de nuestros miembros inmigrantes que han estado luchando en cada momento», indicó la Coalición de Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Tennessee (TIRRC) a través de sus redes sociales.
Leticia Álvarez, organizadora comunitaria de TIRRC, señaló que desde la redada se han enfocado en trabajar con la comunidad y empoderarla para luchar por sus derechos.
«A un año de la redada estamos convencidos de que debemos continuar nuestro trabajo con la comunidad en general, porque Morristown se debe convertir en un ejemplo de resistencia para las comunidades en Tennessee y en el resto del país», dijo a Efe Álvarez.
