Washington – Organizaciones proinmigrantes y expertos criticaron este jueves la propuesta del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, de modificar los procedimientos de asilo, en un nuevo intento de reducir la entrada al país de personas amparadas bajo esta protección humanitaria.
Los Departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional -en los que se aglutinan varias agencias encargadas del tema migratorio- informaron este miércoles de que enviaron para la publicación en el Registro Federal una notificación de propuesta de reglamentación (NPRM, en inglés), que abre un periodo para recibir los comentarios del público sobre una norma.
En específico, ambos departamentos pondrán a consideración una normativa que «enmendaría múltiples disposiciones de las regulaciones» para los procedimientos de adjudicación de asilo y para detener la deportación bajo las disposiciones de la Convención contra la Tortura.
Según el comunicado, la nueva norma permitiría que los jueces suspendan las solicitudes de asilo sin una audiencia si la petición no demuestra la elegibilidad a primera vista («prima facie»), a la vez que enmendaría términos como «grupo social particular», «opinión política», «persecución» , entre otros.
La iniciativa, sin embargo, ha sido blanco de cuestionamientos, ya que plantea, entre otras, nuevas bases para declarar «frívola» o banal una petición de asilo, prohíbe el refugio para quienes hayan permanecido en territorio estadounidense por más de un año o para quienes hayan estado en otro país más de catorce días en su ruta hacia Estados Unidos sin haber solicitado asilo en ese lugar.
«Si bien la Administración de Trump ya había impedido en gran medida que los solicitantes de asilo ingresen al país, la regulación propuesta socava lo que el proceso de asilo debe hacer: dar la bienvenida responsable a las personas más vulnerables», señaló en un comunicado la directora de Defensa Federal de la organización Centro de Inmigración, Kerri Talbot.
La experta advirtió de que bajo la nueva regulación «no solo a muchos se les negará de inmediato su derecho legal a solicitar asilo, sino que a cientos de miles de solicitantes de asilo con casos pendientes probablemente se les negará ayuda y serán deportados a situaciones peligrosas».
Mientras que el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración (AILA, en inglés), Ben Johnson, indicó en su cuenta de Twitter que el anuncio de la Administración de Trump es «un ataque descarado contra las leyes actuales de asilo» y lo consideró «parte de un desmantelamiento sistemático del compromiso de larga data de EE.UU. de ser un lugar de refugio».
En septiembre del año pasado, el Gobierno anunció que reduciría a 18.000 el número de admisiones de refugiados para el año fiscal 2020 (que va de octubre de 2019 a septiembre 2020), la cifra más baja desde hace décadas y alegó que su intención es tomar decisiones «basadas en la realidad».
