Washington – La pérdida de empleos y los límites en su acceso a los servicios de salud pública hacen que los inmigrantes sean mucho más vulnerables al impacto económico y los riesgos de contagio durante la pandemia de COVID-19, afirmó este jueves el Instituto de Política Migratoria (MPI, en inglés).
«La propagación no detectada ni contenida del virus entre cualquier segmento de la población de Estados Unidos trae el riesgo de más contagios, con consecuencias graves para las comunidades en todo el país», indicó el informe del grupo que se especializa en el tema de migración.
«Y, en la medida que afecta la salud y el bienestar de los trabajadores esenciales, muchos de los cuales son inmigrantes, el contagio del virus aumenta las presiones sobre el sistema de cuidado de la salud, el suministro de alimentos, y el acceso de todos a otros artículos y servicios necesarios», agregó.
Hasta hoy se han confirmado 1,22 millones de casos de COVID-19 y más de 73.500 personas han muerto por la enfermedad, de acuerdo a la contabilidad de la Universidad Johns Hopkins, mientras el gobierno federal, los gobiernos estatales y las autoridades sanitarias intensifican el debate sobre la conveniencia de reanudar las actividades económicas o mantener el confinamiento.
Según MPI, entre febrero y marzo el número de inmigrantes desempleados creció un 30 % comparado con un 17 % entre los trabajadores nacidos en el país.
Esa rápida pérdida de empleos, que precedió en la mayoría de los estados a las órdenes gubernamentales de suspender las actividades económicas y comerciales, señaló el comienzo de una disminución abrupta en la cobertura de los seguros de salud mediados por los empleadores tanto para nativos como para inmigrantes.
Esta tendencia «puede ser aún más pronunciada para los inmigrantes porque ellos, antes de la pandemia, estaban desproporcionadamente empleados en negocios como el comercio minorista, restaurantes y hoteles, que fueron los primeros golpeados, y más duro, cuando llegó el cierre de actividades no esenciales».
Antes de la pandemia, añadió el informe, unos 28,6 millones de personas en Estados Unidos carecían de un seguro médico, y 7,7 millones de ellas eran inmigrantes.
Cuando en marzo el Congreso aprobó y el presidente Donald Trump promulgó un primer conjunto de medidas de emergencia, por 2,3 billones de dólares, la ley incluyó fondos para las pruebas y tratamientos de COVID-19 para pacientes que no tuvieran seguro médico.
Pero los legisladores no quitaron las barreras que tienen los inmigrantes para obtener servicios de salud bajo Medicaid, el programa gubernamental que subsidia los gastos de salud para personas de bajos recursos.
Según MPI, hay «informes de todo el país acerca de personas con bajos ingresos, tanto estadounidenses como no ciudadanos, que evitan la prueba para detectar la enfermedad y el tratamiento de COVID-19 porque no pueden pagar por ello».
«Puede que algunos inmigrantes también eviten la prueba y el tratamiento porque temen a las autoridades de inmigración, o porque les preocupa que si solicitan asistencia de Medicaid, la nueva regla de ‘carga pública’ les descalifique para la obtención de la tarjeta verde», añadió.
El presidente Donald Trump ha ordenado a las autoridades de inmigración que nieguen la residencia permanente (tarjeta verde) a los inmigrantes que hayan solicitado en el pasado, o pueda suponerse que solicitarán en el futuro, la asistencia de algún programa público.
