Mánchester (R.Unido)– El Gobierno británico endurecerá aún más las condiciones para obtener el estatus de refugiado o entrar de manera ilegal en el Reino Unido, según proclamó este martes la ministra del Interior, Priti Patel, ante los vítores de los militantes del Partido Conservador.
Patel mostró de nuevo la cara más intransigente del Gobierno «tory», que la ha convertido en uno de los miembros más controvertidos del gabinete, para asegurar que «por fin» el sistema migratorio está bajo control, tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
En los momentos de zozobra que vive el Ejecutivo de Boris Johnson, el discurso inflexible con la inmigración -que ya estuvo detrás del voto británico en favor del Brexit- asegura la unidad de las bases ante las dudas suscitadas por la crisis que vive el país debido a la falta de mano de obra.
«Mi nuevo plan de inmigración ya está siendo tramitado por el Parlamento con un principio fundamental: control. Bajo este sistema, el Reino Unido será justo, pero firme», dijo.
Y apuntó al continente para lanzar sus salvas en dirección al otro lado del canal de la Mancha: desde Calais (Francia) salen las pequeñas embarcaciones que Patel se ha marcado como objetivo frenar, aunque para ello tenga que recurrir a «nuevas tácticas marítimas para obligarles a dar la vuelta», como dijo sin dar más detalles.
No es de extrañar, pues, que los mayores aplausos se los llevase cuando adelantó que quienes entren en su país a bordo de esas barcas no podrán aspirar a recibir asilo.
«Francia es un país seguro. ¡No hay razón por la que ningún demandante de asilo deba venir directamente de Francia!», espetó ante el estallido del público que abarrotaba el auditorio de Manchester Central, la antigua estación ferroviaria reconvertida en centro de conferencias que acoge el encuentro anual de los conservadores.
Patel consideró «inseguro, injusto e inaceptable» el tránsito de pateras por el canal de la Mancha, que beneficia a «viles criminales que amenazan incluso con ahogar a niños para llenar sus bolsillos».
Londres estudia desde hace semanas la forma en que las autoridades fronterizas harán retroceder a las embarcaciones con inmigrantes, después de que este año se haya incrementado su llegada a las costas británicas. A mediados de septiembre el Ejecutivo calculaba en más de 13.000 el número de personas que han cruzado el canal en 2021.
DIFICULTAR LAS DEMANDAS DE REFUGIO
Interior también pretende acabar con los resquicios legales que permiten a los demandantes de asilo recurrir de forma continuada cuando se les deniega la petición, así como acelerar los trámites para su expulsión del país.
«El sistema de asilo en el Reino Unido pudo haber funcionado hace veinte años, pero ya no lo hace más. Está derrumbándose por las presiones que ejercen las rutas ilegales paralelas que son facilitados con bandas de traficantes», insistió.
Dentro de la reforma que propone la ministra, que ya ha sido muy criticada por las organizaciones de defensa de los derechos humanos, se contempla que la mayor pena por entrar ilegalmente en el Reino Unido pase de seis meses a cuatro años de cárcel.
Del mismo modo, el máximo castigo para los traficantes de seres humanos aumentará de los seis años en la actualidad hasta la cadena perpetua.
Patel aprovechó para atacar a la oposición laborista, a la que «no le importa» el impacto de la inmigración «sobre los servicios públicos, el mercado laboral y los salarios» y que defiende, a su juicio, una política de «fronteras abiertas».
«Y lo que es peor, no les preocupa garantizar que las víctimas de delitos cometidos por delincuentes extranjeros puedan reconstruir sus vidas en seguridad sabiendo que sus agresores ya no están aquí», añadió.
MANO DURA CON LOS MANIFESTANTES ECOLOGISTAS
Dentro de un discurso de mano dura que le permitiese conectar con las bases -tras protagonizar varias polémicas en los últimos meses que levantaron las especulaciones sobre su continuidad en el gobierno-, Patel prometió actuar con dureza contra los activistas medioambientales que llevan a cabo sabotajes.
«No toleraré que los supuestos ‘ecoguerrerros’ pisoteen nuestra forma de vida y desangren los recursos policiales (…) La libertad de protestar es fundamental y siempre la protegeremos, pero debe ser dentro de la ley», dijo Patel.
Por ello, aseguró que se van a cerrar los «vacíos legales» que aprovechan los saboteadores, de forma que se aumenten los castigos por interrumpir el tráfico en una vía rápida (como han hecho en las últimas semanas los activistas de la ONG Insulate Britain)» y se criminalice la «interrupción de infraestructuras clave como carreteras, trenes o nuestra prensa libre».
Además, se dará a la policía y a los tribunales nuevos poderes para castigar a «la pequeña minoría de infractores».
El propio primer ministro, Boris Johnson, catalogó hoy previamente en una entrevista a esos manifestantes de «roñosos irresponsables» y afirmó que «hacen un daño considerable a la economía» al cortar las vías.
Precisamente, será Johnson quien mañana protagonice el momento más esperado del congreso «tory», al pronunciar un discurso al mediodía en el que avanzará las líneas maestras de su política para los próximos meses.
