Bogotá – Más de 3.300 personas tuvieron que abandonar en las últimas semanas sus viviendas en zonas rurales de Tumaco, en el suroeste de Colombia, por enfrentamientos entre grupos armados ilegales, confirmó este lunes el Gobierno local tras declarar la emergencia humanitaria.
«Nos duele inmensamente esta crisis que afrontan estas familias y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que el Estado entregue garantías suficientes no solo para mitigar sino para erradicar este flagelo», señaló en un comunicado la alcaldesa de Tumaco, María Emilsen Angulo, quien precisó hoy que la zona más afectada es la del río Chagüí.
Angulo emitió una alerta tras presentar un censo de víctimas de desplazamiento, en el que se contabilizaron 1.179 familias afectadas, que representan más de 3.300 personas, desde el pasado 20 de diciembre, debido al recrudecimiento de los choques armados.
Este domingo el defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Alfonso Negret, visitó la zona donde dijo haber constatado la emergencia humanitaria producto de la violencia.
La misión liderada por Negret «ingresó hasta la vereda Calabazal, constatando que la mayoría de los hogares se encontraban deshabitados y el río con baja afluencia de embarcaciones locales», agregó la Alcaldía.
Tumaco, en el departamento de Nariño, es una de las zonas más convulsas del país, donde disidencias de las FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas criminales intentan establecer su dominio para controlar las siembras y producción de coca, el tráfico de drogas y la minería ilegal.
Según un informe de la Misión de Verificación de la ONU sobre la implementación del acuerdo de paz con las FARC, la presencia de grupos armados ilegales en algunas zonas, como Tumaco, «sigue teniendo consecuencias devastadoras, como reclutamientos forzados de menores, homicidios, desplazamientos, confinamientos y ataques y amenazas contra las autoridades y los líderes étnicos».
En ese sentido, el Consejo de Seguridad de la ONU expresó la semana pasada su «seria preocupación» por los repetidos asesinatos en Colombia de líderes sociales y excombatientes de las FARC y reclamó «acciones efectivas» para mejorar la seguridad.
Según denunció la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al menos 107 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia durante 2019 y, en tan solo tres semanas del 2020, la cifra es de alrededor de 20 muertos.
