Tucson (AZ) – El 56,3 % de votantes registrados en los estados fronterizos de California, Arizona, Texas y Nuevo México reprocha la forma con la que el presidente Donald Trump maneja los problemas migratorios en el linde con México, según una encuesta, la primera de su tipo, divulgada este miércoles.
Realizada conjuntamente por el Centro de Políticas Migratorias de los Estados Unidos de la Universidad de San Diego (USIPC) y la Coalición de Comunidades Fronterizas del Suroeste (SBCC), la encuesta se llevó a cabo entre 2.750 votantes registrados en los cuatro estados fronterizos entre el 8 y el 22 de octubre pasado.
En ella, el 63,2 % de las personas consultadas indicó que se deben buscar alternativas a la detención de familias que huyen de la violencia y buscan refugio en los Estados Unidos.
Mientras, un 67,1 % de los encuestados prefirió que los menores no acompañados sean entregados a departamentos de bienestar infantil y no a oficiales fronterizos o de inmigración.
Asimismo, una gran mayoría, el 83,1 %, aprueba que se les de agua y comida a personas en peligro, incluyendo a los migrantes que intentan o cruzan la frontera de manera ilegal.
Adicionalmente, un 58,6 % consideró que se les debe permitir a los solicitantes de asilo permanecer en los Estados Unidos mientras su caso está en proceso y no devolverlos a México, adonde un programa instaurado por la actual Administración, el Protocolo de Protección a Migrantes (PPM), los envía a esperar.
«Esta encuesta nos da una perspectiva de cómo piensan los votantes que viven en la frontera y que son afectados por estas políticas», dijo Tom Wong, director de USIPC, durante una conferencia de prensa vía telefónica.
Con un margen de error del 2,1 %, el sondeo reveló además que existe poca confianza en el trabajo realizado por la Patrulla Fronteriza.
Solamente un 33,1 % de votantes en zonas de la demarcación confía en que los agentes de la Patrulla Fronteriza protegerán los derechos y libertades civiles de todas las personas por igual.
Un 40,7 % de los encuestados opinó que los agentes fronterizos les ofrecen seguridad, a ellos y a sus familias.
Igualmente, el sondeo indicó que solamente un 28,6 % confía en que los agentes que abusen de su autoridad se harán responsables de sus abusos.
Por el contrario, un 77,7 % de los encuestados apoya que las oficiales de la Patrulla Fronteriza tengan una sospecha «razonable» antes de que detengan y revisen a una persona en el interior del país.
También, un 52,2 % apoya que se le prohíba a estos agentes utilizar prácticas de perfil racial.
Mientras, un 47,9 % apoya la reducción del área donde los agentes puedan detener y cuestionar a personas, una zona de 100 millas (160 km) al norte de la frontera, donde actualmente opera la Patrulla Fronteriza.
«Vemos que la gente no confía por completo en las acciones de la Patrulla Fronteriza, especialmente ante reportes de abuso policiaco», indicó a Efe vía telefónica Vicki Gaubeca, directora de SBCC.
Gaubeca considera que este tipo de encuestas son necesarias para que los políticos sepan cómo piensan los votantes en los estados fronterizos, especialmente de cara a las elecciones del 2020.
Por primera vez, residentes de las comunidades que lindan con México fueron preguntados sobre si, en puntos de revisión cercanos a la demarcación, han sido cuestionados acerca de su estatus migratorio. En este sentido, el 31 % de ellos dijo haber sido detenido y cuestionado sobre su ciudadanía.
Wong indicó que esta cifra es relevante, ya que hay que tomar en cuenta que todos los encuestados son votantes registrados y, por lo tanto, ciudadanos de los Estados Unidos.
Los votantes encuestados de California, Arizona, Texas y Nuevo México mostraron una «crisis de confianza» en las políticas fronterizas y de inmigración del presidente Donald Trump, de ahí que un 58 % rechazó otorgar fondos adicionales para construir más muros.
Mientras, un 48,4 % se opone a dar más dinero para contratar más agentes después de conocer el número actual de los asignados a la frontera.
Gaubeca sostuvo durante la entrevista con Efe que esta encuesta reafirma lo que, durante mucho tiempo, han denunciado activistas y grupos que trabajan en favor de los inmigrantes.
