Tegucigalpa – La Mesa de Derechos Humanos pidió a la presidenta Xiomara Castro de Zelaya que clarifique en qué consiste la Comisión de Intervención de las cárceles en su gobierno, a través de una cadena nacional para que toda la población esté informada de qué se trata esta vez la intervención de las cárceles.
La decisión de Castro de nombrar una comisión para intervenir las cárceles el pasado 10 de abril, tiene su génesis en la violencia en cuatro centros penales del país donde hubo un muerto y unas 11 personas heridas.
En ese sentido, la Mesa le recuerda a Castro que una intervención en las cárceles no debe responder solamente a situaciones coyunturales sino a un plan que en definitiva conduzca a una solución a largo plazo de la situación de las cárceles en Honduras.
El anuncio de las acciones que den respuesta ante esa revuelta del fin de semana sigue saliendo a cuenta gotas desde Casa Presidencial.
Ante esto, las 17 instituciones que integran esta Mesa DDHH piden a la gobernante celeridad e instan a que se proceda a una depuración inmediata de todas las personas involucradas en violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
Mediante un comunicado, la Mesa Derechos Humanos hace cinco recomendaciones a la presidenta, donde además acciones inmediatas, piden observancia de los instrumentos internacionales de derechos humanos.
También urge la incorporación del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev) y organizaciones de derechos humanos comprometidas a lo largo de la historia del país por una transformación del sistema penitenciario.
Asimismo, señala la necesidad de proceder a conformar una comisión internacional para investigar la violencia en las cárceles para identificar a los responsables de los hechos y deducir responsabilidades para evitar que los hechos se repitan.
La Mesa de DDHH se solidariza con las familias de las personas asesinadas en este y otros actos de violencia intrapenitenciaria, los cuales en su mayoría han quedado en la impunidad.
Precariedad de cárceles
A diciembre, el Sistema Nacional Penitenciario albergaba en promedio 19 mil 842 personas adultas en los 25 centros penitenciarios del país, aunque solo cuenta con capacidad para alojar 14,780 personas, lo que resulta en un índice de hacinamiento de 34.2%.
Asimismo, al menos 51.6 % de la población penitenciaria no cuenta con sentencia firme.
La Comisión Interamericana de derechos humanos (CIDH) de forma reiterada se ha referido a la precariedad de las cárceles y ha hecho recomendaciones, entre ellas en el año 2013 y 2019, que señalan puntos clave que deben incluirse al abordar la situación de los centros penales.
En su visita in loco en 2019 la CIDH observó alarmantes niveles de hacinamiento, falta de separación entre personas procesadas y sentenciadas, deficiente infraestructura, falta de higiene, y de servicios sanitarios y lugares dignos para pernoctar.
De igual forma, en los recintos penitenciarios prevalece la atención médica negligente, la alimentación insuficiente y de poco valor nutricional, el escaso e inadecuado acceso al agua, y la ausencia de programas efectivos de reinserción social. De manera general, las condiciones antes descritas fueron observadas directamente por la Comisión en los centros de detención visitados.
Respeto derechos humanos
Otra de las recomendaciones importantes de la CIDH es que el Estado de Honduras debe adoptar las medidas que sean necesarias, de acuerdo con los estándares del Sistema Interamericano, para asegurar que las personas privadas de libertad sean recluidas en condiciones dignas congruentes con el principio del trato humano.
En particular, recuerda la Mesa mediante el comunicado, la de adoptar medidas concretas de impacto inmediato, a mediano y largo plazo para prevenir y erradicar el hacinamiento.
La Mesa DDHH reitera que los planes represivos sin la observancia del respeto a los derechos humanos deja de lado instrumentos internacionales como las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela); la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, entre otras, lleva vidas a la tumba y la política criminal del Estado al despeñadero.
La regla Mandela 1 señala que “todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor intrínsecos en cuanto seres humanos. Ningún recluso será sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, contra los cuales se habrá de proteger a todos los reclusos, y no podrá invocarse ninguna circunstancia como justificación en contrario. Se velará en todo momento por la seguridad de los reclusos, el personal, los proveedores de servicios y los visitantes”.
