Washington – Tres nicaragüenses en el exilio, dos de ellos miembros de la Iglesia católica que fueron excarcelados y desterrados en febrero pasado, pidieron este jueves ante el Congreso de Estados Unidos la liberación del obispo Rolando Álvarez.
Álvarez, detenido en 2022, se negó a abordar el avión que llevó a Washignton a 222 presos políticos desterrados y fue posteriormente condenado a 26 años de prisión por parte de la Justicia nicaragüense.
Los tres nicaragüenses dieron su testimonio ante el comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes bajo condición de anonimato por miedo a represalias.
Denunciaron la “persecución” a la que la Iglesia católica está siendo sujeta bajo el gobierno del presidente, Daniel Ortega, y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
En concreto, las dos personas que estuvieron encarceladas en la conocida cárcel de El Chipote, señalaron que durante los interrogatorios por parte de funcionarios del gobierno nicaragüense, se les presionó para que declararan que el obispo Álvarez intentaba planear un golpe de Estado contra Ortega.
“Me amenazaron a mí y a mis familiares porque querían que declarara que el obispo era miembro de una organización que promovía un golpe de Estado y que recibía dinero de EE.UU. y la Unión Europea”, dijo uno de los religiosos, quien llegó a Washington en febrero junto a los otros 221 individuos expulsados del país.
“Otras interrogaciones tenían que ver con las homilías del obispo (…) aseguraban que lo estaban incitando a que la gente se alzara en contra del gobierno”, agregó el nicaragüense.
Las autoridades del gobierno que llevaron a cabo las detenciones e interrogaron a los religiosos antes y durante su encarcelamiento, señaló otro de los individuos que dio su testimonio, los acusaron de formar parte de una “pandilla criminal”.
A sus ojos, señaló el hombre, “éramos miembros de una organización criminal cuyos líderes eran los obispos, con Álvarez a la cabeza”.
Al ser preguntado por una congresista si la iglesia católica en Nicaragua tiene la capacidad de galvanizar la oposición, uno de los religiosos rechazó estar involucrado en temas políticos.
“Nuestra misión es predicar las enseñanzas sociales de la Iglesia y el evangelio, con todas sus consecuencias”, subrayó.
Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua, fue condenado en febrero pasado a 26 años y 4 meses de prisión por delitos considerados traición a la patria.
El religioso tuvo un papel destacado en la mediación que ejerció la Conferencia Episcopal de Nicaragua durante el fallido proceso de diálogo tras las masivas protestas ocurridas en abril 2018.
Álvarez es el primer obispo arrestado, acusado y condenado desde que Ortega retornó al poder en Nicaragua en 2007, tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1985, y presidir por primera vez Nicaragua de 1985 a 1990.
