México – La ONG Pueblo Sin Fronteras acusó este martes al Gobierno de México de haber utilizado estas movilizaciones para justificar acciones para salvaguardar la seguridad «que de respeto a derechos humanos», explicó en un comunicado.
La organización, que apoya el fenómeno de las caravanas migrantes desde octubre y es una de las pocas organizaciones visibles en este movimiento aclaró que actualmente no están «acompañando ni coordinando» ninguna caravana.
Pero aún así, mantienen su «firme solidaridad» con las personas que «han visto su única alternativa de vida en migrar».
Para Pueblo Sin Fronteras, las causas del fenómeno son «complejas, reales y legítimas».
Por ello, opinaron que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador está utilizando un discurso de respeto a los derechos humanos y migración que no se materializa en políticas que beneficien a las personas que intentan llegar a Estados Unidos desde Centroamérica.
De hecho, consideraron que las políticas del Gobierno están siendo de «desgaste, criminalización, persecución, hacinamiento, contención y deportación».
Estos calificativos los justificaron con acciones llevadas a cabo recientemente por las autoridades en las que los migrantes salieron perjudicados.
En primer lugar manifestaron que hace dos días en Mapastepec, en el suroriental estado de Chiapas, los migrantes no recibieron la tarjeta de visitantes por razones humanitarias.
Tal y como se les había prometido, lo que generó mayor frustración en ellos, que llevan varios días parados en la ciudad.
También acusaron al Gobierno de alentar a las caravanas a organizarse pero cuando una persona de los participantes toma el liderazgo, este es perseguido y criminalizado.
Además, los centroamericanos se ven obligados a permanecer en lugares con capacidad insuficiente para el número de personas que llegan a diario, provocando también sobrepoblación en numerosas ciudades, sobre todo las fronterizas.
Por último, explicaron en el comunicado que desde el cierre de varias de las oficinas del Instituto Nacional de Migración (Inami) en Tapachula (Chiapas), todos los trámites se han ralentizado y las acciones por parte del Gobierno se han intensificado.
Según Pueblo Sin Fronteras, esto es parte de la política gubernamental, «que busca provocar un cuello de botella en el sur de México, provocando desesperación (…) para así legitimar una política migratoria con un enfoque de seguridad nacional más abierto».
El nuevo Gobierno mexicano, liderado por López Obrador desde el 1 de diciembre, creó una visa especial por razones humanitarias que autoriza a los migrantes centroamericanos entrar y trabajar en México, pero solo aplicó un plan especial hasta enero.
Por lo que varios grupos de migrantes han accedido al país sin cumplir el trámite de esperar en la frontera con Guatemala para que las autoridades mexicanas les entreguen esta tarjeta.
En octubre de 2018, miles de centroamericanos -en su mayoría hondureños y salvadoreños- abandonaron sus países en distintas caravanas y atravesaron México con el afán de llegar a Estados Unidos y solicitar asilo, en un éxodo que causó choques diplomáticos entre ambos países.
Se calcula que alrededor de diez mil migrantes están actualmente congregándose en el sur de Chiapas y en los próximos días podrían partir en una nueva caravana.
