San Salvador – El director de Acompañamiento a Víctimas de la organización Cristosal, Abraham Ábrego, aseguró este miércoles a Efe que El Salvador reconoce de forma «tácita» el desplazamiento forzado generado por la violencia, por lo que esperan una declaración del presidente del país, Nayib Bukele, para considerar que se ha reconocido plenamente.
La violencia criminal que vive El Salvador obligó a más de 235.700 personas a desplazarse forzosamente durante el 2018, según una encuesta nacional la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) que fue apoyada por Cristosal.
«Creeríamos que una declaración por parte del Ejecutivo debería de ser dada por el presidente para considerar que hay un reconocimiento de la problemática», sostuvo el activista de derechos humanos.
Apuntó que el reconocimiento «tácito» se dio desde el Ejecutivo anterior, encabezado por el excomandante guerrillero Salvador Sánchez Cerén, al presentar una propuesta de ley de atención a víctimas en la que se incluía a las personas que deben huir por la violencia.
Añadió que un funcionario de Seguridad del Ejecutivo de Bukele anunció recientemente que presentarán una propuesta de ley especifica para atender a los desplazados por la violencia.
Ábrego también sostuvo que «no basta con una declaración oficial», sino que hace falta un política gubernamental para atender el fenómeno.
Sostuvo que la reciente adhesión del El Salvador al Marco Integral Regional de Protección y Soluciones (MIRPS) no implica un reconocimiento pleno del desplazamiento forzado.
Señaló que una situación similar se dio en las pasadas administraciones, dado que el país había firmado los «principios rectores de las Naciones Unidas» sobre desplazamiento y no se dio una atención especializada a las víctimas.
La jefa de la oficina en El Salvador de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), Elisa Carlaccini, dijo el martes a Efe que la firma del MIRPS «coincide con el reconocimiento de la dinámica del desplazamiento forzado que se da en el país».
Sostuvo que el Gobierno y la Acnur están en «la fase de construcción» de un plan nacional para atender el desplazamiento «en todas sus fases».
Explicó que dicho plan, que se espera sea lanzado antes de concluir el 2019, buscará dar «soluciones verdaderas para las personas» que «son obligadas a huir» de sus hogares.
Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Panamá adoptaron en 2017 el MIRPS, que es una iniciativa regional para la aplicación del Marco de Respuesta Integral para los Refugiados (CRRF).
El único órgano de Estado que reconoce formalmente el fenómeno en El Salvador es la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dado que la Sala de lo Constitucional amparó en julio de 2018 a una familia desplazada y ordenó al Congreso emitir una ley para su atención.
Los jueces declararon en el fallo que el Gobierno, la Asamblea Legislativa y el Órgano Judicial incumplieron sus atribuciones «por la falta de reconocimiento del fenómeno del desplazamiento forzado y de las dimensiones de la violencia que afecta a los territorios controlados por las pandillas».
Según Abraham Ábrego, «en términos generales es poco lo que se ha avanzado en el cumplimiento de la sentencia».
Estudios de las organizaciones sociales señalan que las pandillas encabezan la lista de los generadores de desplazamiento forzado, seguidas por la Policía y el Ejército, y en una menor medida «desconocidos» y «grupos de exterminio».
