Tegucigalpa – La organización no gubernamental hondureña Casa Alianza y la canadiense Abogados Sin Fronteras pidieron este miércoles al Estado de Honduras «redoblar sus esfuerzos» para respetar y proteger los derechos humanos de las víctimas de la trata de personas y crear un fondo de atención a los afectados.
«Hacemos un llamado al Estado para que redoble sus esfuerzos en el cumplimiento de su obligación de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos de las mujeres, niñas y niños víctimas de trata de personas durante y después de la pandemia de COVID-19», indicaron las ONG en un comunicado conjunto.
Casa Alianza, organización que se estableció en Honduras en 1987, y Abogados Sin Fronteras indicaron que la trata de personas es un «delito grave que vulnera derechos humanos y que se acentúa en tiempos de crisis como consecuencia de las restricciones decretadas a raíz de la pandemia».
Agregan que las acciones que se tomen contra la trata de personas durante y después de la emergencia sanitaria deben estar «conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, procurando garantizar principalmente el acceso a servicios de justicia y apoyos sociales sin discriminación».
Con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, las ONG instaron al Estado de Honduras a crear el Fondo de Atención de Víctimas de la Trata de Personas y Actividades Conexas (FOAVIT), con el fin de «cumplir con su obligación de atender de forma adecuada y eficaz a las víctimas de este delito y permitir su efectiva reintegración social».
ESTRATEGIAS PARA INVESTIGAR TRATA DE PERSONAS
El Gobierno hondureño debe desarrollar estrategias que permitan la detección, investigación y sanción del delito de trata de personas, la protección y atención integral de las víctimas que durante la crisis viven en una situación de «mayor vulnerabilidad», añaden.
Las ONG también recomiendan al Estado de Honduras velar por la niñez, ya que podría ser «explotada, incluso, por sus familiares para generar ingresos económicos que sustenten sus hogares, exponiéndoles a trabajos peligrosos, a la privación de la educación, salud, explotación sexual comercial y trata, en especial a la mendicidad».
Honduras además debe priorizar la coordinación institucional para activar la alerta “Amber”, un sistema de notificación que permite localizar niños y adolescentes desaparecidos o secuestrados, agregan.
Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), titulado Impacto de la Pandemia COVID-19 en la Trata de Personas, la enfermedad ha causado «un impacto en la capacidad de autoridades estatales y organizaciones (ONG) en la provisión de servicios esenciales a las víctimas».
La pandemia además ha «agravado y puesto en primer plano las desigualdades económicas y sociales sistémicas que se encuentran entre las causas subyacentes de la trata de personas», indican las ONG en su comunicado al citar el informe de la UNODC.
OFRECER SERVICIOS ESPECIALIZADOS A VÍCTIMAS
Casa Alianza y Abogados Sin Fronteras de Canadá sugieren a Honduras aplicar nuevos mecanismos adaptados al contexto de la pandemia para ofrecer «servicios especializados y albergue a las víctimas, especialmente a aquellos niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de calle, sufriendo graves violaciones a sus derechos humanos fundamentales».
El país centroamericano también debe establecer medidas para brindar asistencia y protección a la población migrante con necesidades de protección internacional y garantizar los derechos humanos a las personas migrantes, refugiadas y desplazadas frente a los efectos de la pandemia de coronavirus SARS-CoV-2, señalan.
Las medidas adoptadas por evitar la propagación de la COVID-19 han «dificultado la identificación de nuevas víctimas (de trata de personas) por parte de los entes encargados, así como la investigación y seguimiento de los casos por parte de las autoridades», enfatizan.
«Reiteramos que las medidas adoptadas durante y después de la pandemia del COVID-19 deben respetar y garantizar los derechos humanos de las víctimas de trata de personas, sin que las mismas ocasionen una vulneración y limiten el acceso a la Justicia», enfatizan las ONG.
