Tegucigalpa – La Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez (Coiproden) de Honduras instó este martes a las autoridades a aprobar un protocolo nacional de atención y protección integral de la niñez migrante y un protocolo binacional con Guatemala en medio de la crisis por el coronavirus.

Aglutinada por 24 organizaciones, Coiproden pidió a la Cancillería de Honduras y la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf) «no seguir dilatando» la aprobación del Protocolo Nacional de Atención y Protección Integral de la niñez en situación de Migración y el Protocolo Binacional de Atención a la niñez migrante entre Honduras y Guatemala.

Los dos instrumentos representan «una oportunidad para garantizar la protección integral a los derechos» de la niñez migrantes durante la emergencia por la pandemia del COVID-19, añadió.

La crisis sanitaria debe ser «una oportunidad para un cambio profundo de la sociedad hondureña, particularmente para revisar la institucionalidad de niñez y adolescencia, su mandato y presupuesto con la finalidad de asegurar el cumplimiento del Principio del Interés Superior de las Niñas, Niños y Adolescentes.

La red lamentó que la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras «no ha presentado un plan inmediato» para que los Estados «detengan la deportación y brinden protección integral» a los niños y jóvenes, con el fin de «salvar su vida y proteger su salud» ante la enfermedad.

El 26 % de los 494 casos de coronavirus en Honduras corresponden a niños y jóvenes, según cifras citadas por Coiproden.

FALTA ESTRATEGIA INTEGRAL

Las organizaciones indican además que en Honduras hay una «ausencia de una estrategia integral inmediata para atender a la niñez y adolescencia vulnerabilizada por el sistema, en hacinamiento en sus hogares y con escasez de alimentos, situación que los vuelve susceptibles al contagio de COVID-19».

En el país centroamericano se «continúa mostrando violación a los derechos» de la niñez y juventud que «sobreviven en calle», enfatizan.

«Se desatiende las directrices y recomendaciones reiterativas que le han realizado mecanismos internacionales de derechos humanos» y, en consecuencia, los niños que viven en la calle enfrentan un «alto riesgo de exposición y muerte» por el virus.

Exhortaron a la Dirección de Niñez, adolescencia y Familia a dar «prioridad» a la niñez y adolescencia para que sus derechos «sean puestos como prioridad nacional especialmente en la crisis de salud y económica actual».

Además, asignar presupuesto para elaborar y poner en marcha un «Plan Integral de mitigación y respuesta a favor de la niñez migrante deportada no acompañada», que incluya espacios estatales adecuados, con personal especializado para que los menores puedan cumplir su cuarentena en «condiciones de dignidad humana».

Los menores migrantes retornados también deben «acceder a pruebas diagnósticas, recibir tratamiento, alimentación y protección, según la información oficial.

La Dinaf debe además elaborar de «forma urgente un protocolo referido al tratamiento de ingresos y egresos de niños a las organizaciones de Sociedad Civil durante esta pandemia, para la seguridad y salud de todos incluidos colaboradores y autoridades institucionales».

DEUDA HISTÓRICA

La crisis sanitaria ha visibilizado «la deuda histórica» del Estado de Honduras para fortalecer el sistema nacional de salud, ya que la falta de insumos, medicamentos y equipo para el abordaje integral de la pandemia, así como, de la falta de medidas de bioseguridad, compromete la salud y la vida de la niñez y el personal sanitario.

La red pidió además la creación de «una comisión multisectorial de sociedad civil» para realizar una veeduría social de los recursos del Estado para combatir el coronavirus e hizo un llamamiento «enérgico» a los funcionarios públicos para que utilicen «responsablemente y con transparencia» esos recursos.