Tegucigalpa.– El próximo 26 de julio se celebrará en Honduras la reunión de seguimiento de los acuerdos a que llegaron el pasado martes 10 de julio en Guatemala, los vicecancilleres, los encargados del tema migratorio y los vicecancilleres encargados del tema de seguridad de El Salvador, Guatemala y Honduras.
Esta reunión representa para el Gobierno hondureño un desafío al igual que una oportunidad. Desafío para que le entre a lo pendiente y a lo nuevo en migración. Oportunidad para abrir un proceso regional y nacional que eventualmente encamine y elabore, antes que termine el año 2018, una Ley nacional que destaque los elementos esenciales sobre la migración hacia el exterior, sobre todo hacia Estados Unidos.
Honduras al presente carece de los medios –presupuesto, personal e institucionalidad apropiada, en esta nueva era de migración. Debido a sus múltiples modalidades, se ha convertido en una variable transversal de política nacional. En el problema que atraviesa los problemas de interés nacional. Por eso se necesita de una nueva Ley migratoria que defina la nueva política nacional en el marco de una reforma migratoria integral, cosa que Honduras todavía no tiene.
El vacío se evidencia en varios frentes. El Congreso Nacional de la Republica de Honduras carece de una Comisión de Migración entre las 36 comisiones ordinarias y especiales, que hoy mueven esa entidad legislativa. Estas comisiones se turnan los proyectos de ley para elaborar el respectivo dictamen. Las comisiones se encargan de estudiar sus temáticas para aprobar, reformar o derogar leyes específicas.
Lo anterior viene sucediendo desde que nos azotó el huracán Mitch, en 1998, desgracia mal identificada “de (solo) natural”. El Mitch de hecho juntó y resaltó los errores acumulados por los gobiernos hondureños de turno. Por eso disparó masivamente la emigración hondureña, en su mayoría hacia Estados Unidos, tendencia que aún hoy persiste, con algunos recién agregados. Tales como las crecientes migraciones a España, México, Canadá, más los flujos temporales y repetidos por años de connacionales en la dirección Sur-Sur, hacia El Salvador, Panamá y Costa Rica.
Con frecuencia, el Gobierno hondureño nos recuerda el positivo papel de las remesas para el país, como estabilizadora de las finanzas públicas y de la moneda nacional. En monto las remesas llegan a alcanzar el 18% del PIB total; agregando en el último año el equivalente de más de 4,300 millones de dólares frescos. Las remesas desde el 2005 crecen anualmente entre 8% y 12%, con excepción del año 2009, sin que su varianza esté correlacionada con las alzas y bajas del flujo migratorio.
Tales datos abren una duda: ¿qué porción de las remesas que llegan a Honduras del extranjero por canales reconocidos son transferencias de dinero que se originan en fuentes de dudosa legalidad?. Cierto que en el país está vigente una Ley contra el delito de lavado de activos y “una estricta vigilancia pública sobre todaslasoperacionesatípicasymúltiples que realizan los diversos agentes cambiarios del país” Pero también es de conocimiento público que la narco-actividad y otras fuentes ilegales que lavan dinero, proveniente de negocios corruptos, han utilizado entidades bancarias supervisadas para “legalizar” sus resultados ilegales. Ello quedó evidenciado con el reciente caso de un conocido y prestigioso banco de Honduras, “obligado a desarrollar una liquidación forzosa y no una liquidación voluntaria, sin que se establezcan los argumentos técnicos de soporte”.
La economía de Honduras escasamente crece a más del 4% anual, cuando debería hacerlo por lo menos al 6% por año, a lo largo de la próxima década, si se quiere eliminar en ese período los altos índices de pobreza. Se estima en más de dos tercios el total de los hondureños que vive en situación de pobreza.
La inequidad en Honduras es también alta. Es el tercer país con más desigualdad económica en América Latina. Siendo sin duda, un país rico en recursos humanos y naturales para el volumen de población que tiene.
Además, en la Visión de País y el Plan de Nación –los 2 referentes más utilizados por el sector público para informar sobre las condiciones de la nación y sobre los lineamientos estratégicos necesarios para llegar a logro de la vision de país, no aparecen el término “migración”, ni mencionado siquiera por una vez.
Agenda para el 26 de julio.
Según informa la prensa hondureña (Marcel Osorto, Diario El Heraldo, 10 de julio) los acuerdos más relevantes de los países del Triángulo Norte y México (Tricamex) logrados ese día con el gobierno de Estados Unidos fueron tres: 1) Establecer una lucha frontal contra el tráfico ilícito de personas, 2) crear una campaña masiva para disuadir la migración irregular y 3) fortalecer un enlace permanente para el intercambio de información con el sistema consular hondureño, con énfasis en el tema de la reunificación familiar.
Con respecto al acuerdo #3, los medios informaron que hubo avances en la reunificación familiar, pero por lentos, no cumplieron con el plazo exigido por un juez federal en casi 3,000 niños que fueron separados de sus padres, cuando, sin la debida documentación, cruzaban la frontera México-Estados Unidos.
Un Juez de un circuito menor paró “la tolerancia cero”, y en su lugar, exigió que reunieran a los menores con sus padres, en un lapso fijo, que el Gobierno incumplió. Hubo que entonces darle al gobierno una nueva extensión. Y finalmente por decisión de otro juez, se suspendieron en forma definitiva, las deportaciones de familias y de los menores solos apresados en la frontera.
Según lo sucedido en esta crisis de menores, el gobierno de los Estados Unidos demostró no estar preparado –ni en logística, ni con personal adecuado, y menos organizativamente– para atender y reunificar a todas las unidades familiares– adultos con menores, y adolescentes y menores sin el acompañamiento de un adulto. La separación realizada “bajo la tolerancia cero” indignó a la opinión pública nacional e internacional, por cruel e inhumana. Además, violaba la Ley, las normas vigentes, así como el debido proceso a seguir con los detenidos que procedían de paises que no tienen frontera física con Estados Unidos, como era el caso de Honduras; así como el desconocimiento de buenas prácticas, que por un efectivo desempeño han podido ejemplificar ciertas organizaciones privadas no gubernamentales estadounidenses, que protegen y atienden a inmigrantes indocumentados, recién llegados a territorio norte americano.
Sobre el segundo logro –una lucha Fontal contra el tráfico ilícito de personas– la actual crisis de menores en Honduras ha demostrado, lo mismo que la anterior, la del año 2015. Son los traficantes de personas, —popularmente conocidos en Honduras por coyotes– en alianza con los agentes gestores informales de la inseguridad ciudadana– maras, pandillas, narcotraficantes, secuestradores, extorsionadores, delincuentes comunes, y autoridades y funcionarios confabulados– quienes siembran los miedos y amenazas, en el contexto cotidiano conformando con ello, en última instancia, el número de indocumentados que se lanza a la ruta migratoria por tierra hacia Estados Unidos, huyendo del ambiente negativo que les rodea.
De acuerdo a datos del Observatorio de las Migraciones Internacionales en Honduras (OMIH), cada día de este año 2018, 200 hondureños decidieron emprender la ruta migratoria por diferentes causas, un 42% más que lo sucedido en el mismo periodo en el año pasado. Se citan las mismas causas de antes, como explicativas sobre porqué los nacionales se van de Honduras: falta de empleo y de generación de oportunidades, huir de la violencia y la búsqueda de la reunificación familiar. Sin embargo, el empleo y la búsqueda de una mejor vida para el emigrado y sus familiares, sigue siendo la causa más frecuente.
Sobre el tercer logro de la reunión del 10 de julio –promover una campaña disuasiva para disminuir la migración irregular– el “consejo” de Trump a los menores fue “que no vengan Estados Unidos”. Mientras que la secretaria del Seguridad Nacional de EE. UU., Kirjsten Nielsen, fue menos compasiva. Dijo estar trabajando para repatriar a esas familias “lo más pronto posible”. Ambas “sugerencias” distan mucho del logro que informó el Canciller de Guatemala, Sandra Erica Jovel Polanco en la reunión del 10 de julio: “los países del área hemos coincidido en el abordaje del tema migratorio de forma integral y desde un enfoque de responsabilidad compartida bajo el principio del estado de derecho y de los derechos humanos”.
Según Guy Ryder el director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ,actualmente la mayoría de la migración sigue vinculada, directa o indirectamente, a la búsqueda de oportunidades de trabajo digno. Sin embargo, muchos trabajadores terminan siendo explotados en empleos con baja remuneración y condiciones inseguras e insalubres. Además, para conseguir un empleo los migrantes frecuentemente se ven obligados a pagar comisiones de contratación y son más vulnerables al trabajo infantil y forzoso.
Lo que Trump y los funcionarios más destacados de su equipo en la Casa Blanca nunca han reconocido, al menos en público, es que Estados Unidos necesita de inmigrantes para seguir creciendo y desarrollándose en el mundo actual como potencia mundial. Anualmente se quedan sin llenar en ese país unos 650 mil puestos de trabajo, por falta de candidatos calificados y no calificados.
Como asegura Ryder hay alternativas para ello si se adopta cierto tipo de migración: “Una migración laboral bien gestionada, justa y eficaz puede reportar beneficios y oportunidades a los trabajadores migrantes, sus familias y a las comunidades del país de acogida. Puede, asimismo, conciliar la oferta y la demanda de mano de obra, facilitar el perfeccionamiento de las competencias y propiciar su transferencia en todos los niveles, contribuir al mantenimiento de los sistemas de protección social, impulsar la innovación empresarial y enriquecer las comunidades cultural y socialmente”.
Según la experiencia habida en proyectos cuando se busca la solución de un problema a través de una intervención de corto o mediano plazos, es más fácil obtener resultados si se atacan los efectos y no las causas. En este caso, las de migración.
Y al respecto, me vienen a la mente cuatro preguntas, que con frecuencia generan respuestas incomodas, por ser políticamente incorrectas para políticos electos y funcionarios del sector público:
1) ¿cuáles son los límites de la intervención según la efectividad de las actividades y estrategias realizadas, expresada por los casos resueltos satisfactoriamente en el total de los atendidos?
2) Sobre los casos atendidos… ¿cuáles son los tiempos de espera o de maduración para obtener los resultados que buscan?
3) ¿qué imprevistos pueden reducir o impedir, del todo o parcialmente, los resultados esperados?
4)… humana y operativamente hablando… ¿qué hacer con los casos irresueltos en el “mientras tanto”, es decir, desde que empieza la intervención hasta que el problema enfrentado por no haber aún sido resuelto, incluso ha empeorado, a pesar que el tratamiento propuesto en la intervención, ya se completó en la población objetivo?
