Houston (TX) – La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó este jueves una moción para que dos organizaciones comunitarias en Texas sean interventores en la defensa legal contra la demanda de la Fiscalía General de Texas que provocó el bloqueo de la moratoria de deportaciones de indocumentados ordenada por el presidente Joe Biden.
«Es una petición formal para que se nos permita argumentar y presentar documentación necesaria para convalidar nuestros descargos legales así como también lo hará el Gobierno federal», resaltó Cody Wofsy, abogado de ACLU, en entrevista con Efe.
El martes 26 de enero, el magistrado Drew B. Tipton, del Tribunal de Distrito Sur de Texas, bloqueó la moratoria de 100 días ordenada por la administración Biden a petición de la demanda presentada por Ken Paxton, fiscal general de Texas en la que acusaba al gobierno de «actuar arbitrariamente al no consultar (con el estado) la orden ejecutiva» de suspender las deportaciones.
De acuerdo a Wofsy, es importante proteger los intereses de los inmigrantes afectados por la suspensión de la moratoria y que en este proceso judicial se tome en cuenta su perspectiva.
«Nuestros clientes están directamente relacionados con los problemas que afectan a estas comunidades y que enfrentan órdenes de deportación y que por consiguiente van a seguir viviendo con temor por su situación migratoria», agregó Wofsy.
La organizaciones que solicitan la inclusión en el litigio con el estado de Texas son Familias Inmigrantes y Estudiantes en la Lucha (FIEL), con sede en Houston (Texas), y el Centro de Educación y Servicios Legales para Refugiados e Inmigrantes (RAÍCES), en San Antonio (Texas).
«El expresidente Trump no gobierna pero sus seguidores como Ken Paxton continúan dificultando las vidas de los inmigrantes y nosotros [RAÍCES] no lo vamos a permitir», indicó Tami Goodlette, directora de litigios con RAÍCES, en un comunicado de prensa.
«Hemos pedido intervenir en esta demanda porque la moratoria de deportaciones por 100 días pude impactar de manera positiva la vida de nuestros clientes, a los cuales nos debemos», agrega Goodlette en la misiva.
Según la petición presentada por ACLU al Tribunal de Distrito Sur de Texas, FIEL tiene una base de 11.000 miembros, de los cuales 7.000 son indocumentados, mientras que RAÍCES «tiene clientes en riesgo de ser deportados» si es que se mantiene la suspensión de la moratoria.
Bajo los términos de la orden judicial, la suspensión temporal dictaminada el pasado 26 de enero por el magistral Tripton tiene una duración de 14 días, pero Paxton ha solicitado que se amplíe la misma.
De acuerdo a Wofsy, se espera que el Gobierno federal presente una apelación esta semana.
