Washington – Pese a no haber concluido su prometido muro en la frontera con México, el presidente de EE.UU., Donald Trump, aspira a otro mandato de cuatro años después de haberle cambiado en el primero la cara a la política migratoria del «país de las oportunidades», ahora cada vez más hostil hacia los inmigrantes.
El plan de Trump presenta solo algunas líneas gruesas de lo que planea en adelante, aunque el título dedicado a este apartado deja claro la cariz de la propuesta: “Acabar con la inmigración ilegal y proteger a los trabajadores estadounidenses”.
¿QUÉ SE VIENE?
La agenda que asumiría el presidente Trump de conquistar un segundo mandato, bautizada “Luchando por ti”, incluye, entre otras, la propuesta de “impedir que los inmigrantes ilegales tengan acceso a asistencia social, atención médica y matrícula universitaria gratuita financiada por los contribuyentes”.
Además, la “deportación obligatoria” para miembros de pandillas que no sean ciudadanos estadounidenses, poner fin a las ciudades santuario, prohibir a las empresas estadounidenses a reemplazar a ciudadanos estadounidenses con trabajadores extranjeros de menor costo y exigir a los nuevos inmigrantes legales que puedan mantenerse económicamente.
Los apenas siete renglones dedicados a este asunto en su programa anticipan que los inmigrantes seguirían en la mira del Gobierno.
EL LEGADO DE TRUMP
Una mirada al legado del actual gobernante muestra que su Administración “ha remodelado drásticamente el sistema de inmigración de Estados Unidos desde que asumió el cargo en enero de 2017”, advierten en el informe “Desmantelando y reconstruyendo el sistema de inmigración de los Estados Unidos: un catálogo de cambios bajo la Presidencia de Trump” las investigadoras Sarah Pierce y Jessica Bolter, del Migration Policy Institute (MPI).
El documento detalla que solo en este último año de gestión, el Gobierno “ha emprendido más de 400 acciones ejecutivas sobre inmigración, abarcando todo, desde la aplicación fronteriza e interior, hasta el reasentamiento de refugiados y el sistema de asilo, Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), los tribunales de inmigración y los procesos de investigación y visado”.
MENOS ASILOS
Después de que las detenciones de inmigrantes indocumentados en la frontera con México se dispararon hasta las 132.887 en mayo de 2019, Trump puso en marcha una estrategia para demoler uno de los beneficios más anhelado por los inmigrantes, en especial los centroamericanos, el asilo.
En julio de 2019, EE.UU. anunció que declararía «no aptos» para concederles asilo a los inmigrantes que entraran o intentaran hacerlo por la frontera sur sin haber solicitado antes este beneficio en un «tercer país» por el que hubiesen transitado en su camino a territorio estadounidense.
Un mes después, el 7 de junio del pasado año, la Casa Blanca rubricó un acuerdo con México que frenó la amenaza de Trump de imponer aranceles a su vecino a cambio de ampliar a toda la frontera el programa estadounidense de Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, en inglés), también conocido como ‘Permanezcan en México’), el cual se había empezado a implementar en enero.
Bajo el MPP, los solicitantes de asilo en Estados Unidos deben esperar en territorio mexicano hasta que se resuelvan sus casos, lo que puede demorar meses.
EE.UU. selló después acuerdos de cooperación de asilo con los países del «triángulo norte» de centroamérica. Guatemala, el 26 de julio de 2019; El Salvador, el 20 de septiembre; y cinco días después Honduras. En la práctica, se trata de pactos conocidos como «tercer país seguro».
LOS “SOÑADORES” EN EL LIMBO
Los jóvenes traídos desde niños por sus padres indocumentados y beneficiados por el programa DACA, conocidos como “soñadores”, han sido otro de los blancos de la política de Trump.
En diciembre de 2017, el Gobierno de Trump canceló el programa, creado por decreto de su predecesor, Barack Obama, en 2012, pero a mediados de junio pasado el Tribunal Supremo frenó ese intento, aunque dejó abierta la posibilidad a que el Gobierno argumente de nuevo su posición, algo que aún no ha hecho.
En un memorándum del 28 de julio, el secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, dio a conocer que en adelante se rechazarán todas las peticiones iniciales de DACA de quienes nunca habían sido cobijados por este beneficio y que dará una extensión de solo un año a los ahora incluidos.
LA PANDEMIA, UN CANDADO A LA MIGRACIÓN
La llegada de la pandemia a Estados Unidos sentó las bases para una serie de medidas que han terminado por estrangular la migración.
Amparado por las medidas para prevenir la expansión del virus, Estados Unidos acordó con México la restricción, desde el pasado 21 de marzo, de los viajes no esenciales. Esa medida había entrado en vigor previamente en la frontera con Canadá.
El corte del tránsito con los vecinos ha supuesto no solo la suspensión de muchos procesos para los inmigrantes, incluidos niños y solicitantes de asilo, sino también la expulsión expedita de quienes atraviesen sin autorización la frontera.
La pandemia tampoco ha detenido las deportaciones de inmigrantes e incluso se convirtió en un motivo para intentar suspender los visados de los estudiantes internacionales, una medida de la que desistió Trump ante la presión de autoridades estatales y universidades.
La crisis causada por la pandemia ha llevado además al Gobierno a congelar la emisión de los visados H-1B, que permiten contratar temporalmente a extranjeros en puestos de alta cualificación, y de nuevas tarjetas de residencia (conocidas como «green card») durante mayo y junio pasados.
