Tegucigalpa – La muerte violenta de 83 periodistas y comunicadores sociales, ocho de ellos en lo que va de 2019, y algunas leyes que atentan contra la libertad de expresión y de prensa, han convertido a Honduras en un país «hostil» para el ejercicio del periodismo.
«El ejercicio periodístico (…) es bastante difícil, Honduras se ha vuelto un país o un territorio hostil para el periodismo y la libertad de expresión», dijo este jueves a Efe el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Dagoberto Rodríguez, al explicar los obstáculos que entorpecen la labor de los periodistas.
IMPUNIDAD
Rodríguez, redactor del diario «La Prensa», señaló que la situación «es de mucha preocupación», ya que en lo que va de 2019 suman ocho los periodistas y comunicadores asesinados por causas no esclarecidas por las autoridades.
Agregó que el CPH ha venido planteando desde hace mucho tiempo la necesidad de que «el Estado emprenda una investigación seria, contundente sobre el asesinato de periodistas, comunicadores sociales y trabajadores de los medios de comunicación, en vista de que hay una alta impunidad», de más del 90 %, según el estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH).
El directivo del CPH recordó que de los 83 periodistas y comunicadores asesinados, solamente siete han sido judicializados.
«Lo más grave es que aunque se ha capturado a los autores materiales de los siete casos que han sido judicializados, los autores intelectuales siguen en la completa impunidad», recalcó.
AMENAZAS Y AGRESIONES
Muchos periodistas también son víctimas de amenazas de muerte o son agredidos físicamente, algunos de ellos cuando participan en manifestaciones en las calles, algunas contra el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández.
El 26 de septiembre, la periodista Sandra Maribel Sánchez, de Radio Progreso en Tegucigalpa, fue víctima de un atentado con arma de fuego cuando llegaba a su casa, en el sur de la capital.
Sánchez dijo entonces a EFE que un sujeto armado que se bajó de una motocicleta le apuntó en la cabeza y le ordenó que no bajara del auto, en que ella se conducía.
El hombre huyó al ver un auto acercarse, según el relato de Sánchez, quien además señaló que «cualquiera que fuera el propósito de ponerle un arma en la cabeza a una persona, no es normal».
La directora del diario Proceso Digital, Marlen Perdomo, dijo a EFE que «es un tema difícil en el país lo que vive la prensa», además de «preocupante y cada vez más complicado, por que solo en lo que va del año, cada 41 días está muriendo violentamente un comunicador o un periodista».
«Creemos que la impunidad en estos casos está jugando muchísimo en contra del gremio, tenemos que saber que en el escenario hay muchísimo nuevos actores, primero está el crimen organizado, las pandillas, las autoridades locales, alcaldes, y aparte de eso las formas violentas con que a veces las autoridades ejercen sus funciones contra los periodistas», indicó Perdomo.
MAYOR PROTECCIÓN
En su opinión, ante los escenarios para la prensa en el país, «debe ser más funcional» el Mecanismo Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.
Aunque muchos defensores de derechos humanos, operadores de justicia y periodistas están acogidos al Mecanismo de Protección, Perdomo, exdocente universitaria de periodismo, considera que «no es suficiente la acción que se está haciendo, ni la cobertura que se les está brindando».
Perdomo coincide con otros periodistas hondureños en que ejercer la profesión en su país es cada vez más «difícil», lo que se ve reflejado en los más de 80 que han sido asesinados desde 2001.
Además, subrayó que «el sistema de justicia debe funcionar de verdad, porque en más del 90 % de los casos no se sabe por qué los han matado y, «mientras eso siga ocurriendo, vamos a tener una estela de impunidad que complica el panorama».
El 26 de noviembre de 2018, otro periodista, Geovany Sierra, del Canal de Televisión UNETV, resultó herido de bala en su brazo derecho, cuando cubría una manifestación en los alrededores de la Casa Presidencial. Según denuncias del canal, un policía habría disparado desde un autobús del Sistema Penitenciario que circulaba por el sector donde se produjo la manifestación.
El CONADEH, las Naciones Unidas, la Sociedad Interamericana de Prensa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organismos humanitarios locales han venido condenando el asesinato de comunicadores sociales y periodistas en Honduras.
El caso más reciente de un periodista asesinado se registró el pasado lunes en Puerto Cortes, en el Caribe hondureño. Se trata de José Arita, quien fue atacado a tiros cuando salía del Canal 12, de la televisión local.
PERIODISMO DE ALTO RIESGO
El presidente de la Asociación de Prensa Hondureña (APH), Carlos Ortiz, indicó a EFE que es «condenable» tanto asesinato de periodistas e impunidad, y que «el Estado está obligado a dar respuestas a la ciudadanía, a sus familiares y al gremio periodístico».
Añadió que en la APH les preocupa la situación y que el Mecanismo de Protección a los periodistas y comunicadores tiene «muchas debilidades», entre ellas la falta de presupuesto para funcionar bien, ya que así como está «no hay una respuesta concreta, inmediata y rápida».
Ortiz señaló que actualmente hay 27 comunicadores sociales y 26 periodistas con medidas de protección, pero que la situación es preocupante porque hay casos de amenazas y agresiones que no trascienden en los medios de comunicación.
«Ahora estamos ejerciendo un periodismo de alto riesgo en Honduras, al igual que en otros países», expresó Ortiz, quien además abogó por «una investigación científica, la que no hay por parte de los operadores de justicia».
«Si no hay una investigación, significa que hay impunidad y, si hay impunidad, habrá más asesinatos de periodistas», agregó.
