Tegucigalpa – La sociedad civil hizo un llamado este miércoles para que en la próxima jornada de vacunación contra el COVID-19, se incluya a todo el personal docente para que se pueda atender en clases presenciales a 1.7 millones de escolares matriculados este año 2021.
“La educación de 1.7 millones de niños matriculados en el sistema público también debe ser prioridad durante la pandemia de COVID-19”, expresa inicialmente un pronunciamiento de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
En ese sentido, añade que se han recibido más de 400 mil vacunas anticovid para inmunizar a personal de salud, adultos mayores con o sin comorbilidades, pacientes renales, periodistas y trabajadores esenciales de servicios básicos.
Asimismo, señala que en los próximos meses se esperan otras 400 mil vacunas, las mismas deben ser aplicadas a grupos definidos por el Programa Ampliado de Inmunización (PAI), incluyendo a los primordiales para la reactivación del país.
Es por ello que ASJ, hace un llamado al Poder Ejecutivo, Secretaría de Salud y Educación, para que se incluya en el próximo proceso de vacunación a todo el personal docente y así comenzar el regreso gradual a la educación presencial.
El regreso a clases presenciales es indispensable para asegurar que los escolares continúen aprendiendo y avanzando hacia un sistema educativo más incluyente, ya que datos recientes muestran que el 60% de los escolares son excluidos de las clases virtuales.
Además, encuestas realizadas por la ASJ indican que 52 % de padres de familia creen que su hijo o hija ha aprendido poco o nada durante la pandemia, mientras 65 % de ellos estaría dispuesto a enviarlo algunos días y en grupos pequeños a recibir clases presenciales.
En Honduras ya había cerca de un millón de niños fuera del sistema educativo –recalca la ASJ y agrega-, eso ha empeorado durante la pandemia por la suspensión de clases presenciales, excluyendo a 1.2 millones del sistema educativo.
Según la ASJ, el 73 % de los padres que fueron consultados en hogares donde hay menores con edad escolar, explicaron que sus hijos no fueron matriculados por falta de dinero para pagar Internet y 46% por falta de aparatos electrónicos.
“Bajo estas condiciones, es urgente que se empiecen a tomar acciones para volver a una educación presencial, a la vez que se garantice la seguridad de los docentes y estudiantes”, expresa el escrito del mecanismo de sociedad civil.
Por lo anterior, recomienda que el próximo grupo priorizado, como personal esencial para el funcionamiento del Estado, sea todo el personal docente a nivel nacional.
Y concluye en que la educación debe ser prioridad, para corregir desigualdades acumuladas en la niñez y juventud del país porque solo así se garantizaría la inclusión, equidad y oportunidades, principalmente para los más vulnerables.
