Chicago (IL) – Abogados del veterano hispano de la infantería de marina Jilmar Ramos-Gómez notificaron al Gobierno que presentarán una demanda millonaria de compensación por su detención equivocada y amenaza de deportación, a pesar de ser ciudadano estadounidense.
Con el aviso, presentado esta semana a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los abogados cumplen con la obligación legal de dar un plazo de seis meses al Gobierno cuando preparan una demanda contra algunas de sus agencias.
«Es el primer paso de un proceso que busca transparencia y deslindar responsabilidades», declaró a Efe el abogado Anand Swaminathan, de la firma de Chicago, Loevy & Loevy, que ayuda en el caso a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Michigan.
El aviso de demanda debe precisar cuánto se pide como compensación monetaria, cantidad que en este caso se estableció en un millón de dólares, pero la decisión final la tendrá un jurado y podría ser mayor en el caso de que el Gobierno sea declarado culpable, explicó el letrado.
Swaminathan señaló que la demanda buscará que «la gente se entere de la verdad, de lo que está ocurriendo dentro de ICE (agencia de inmigración) con detenciones arbitrarias como la de Ramos-Gómez», quien, en opinión de este abogado, fue víctima de racismo.
El veterano, nacido y criado en Grand Rapids (Michigan), fue condecorado por su acción en combate en Afganistán como tripulante de tanques y sufre de trastorno postraumático.
Esa enfermedad puede ser la causa de que en noviembre pasado el veterano hiciera estallar un pequeño incendio en un hospital local y luego accionase la alarma para evacuar el edificio, lo que llevó a su detención.
Ramos-Gómez compareció ante un juez, que dispuso su libertad bajo palabra, pero la policía lo entregó a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) por sospechar de que se trataría de un indocumentado.
El veterano estuvo en custodia de ICE durante tres días, hasta que sus familiares presentaron su pasaporte como prueba de nacionalidad, y pruebas de servicios con los Marines.
Tanto la Policía como ICE supieron en todo momento la nacionalidad de Ramos-Gómez y que se trataba de un exsoldado con problemas médicos, pero fue discriminado «por su nombre, color de la piel y antecedentes étnicos», señaló el abogado.
En el aviso de demanda se señala que la salud mental del veterano se ha deteriorado de tal manera, que en un primer momento, después de ser dejado en libertad, «no reconocía ni a su madre o su hogar».
El tratamiento que habría recibido durante la detención de parte de agentes de ICE, «ha empeorado el trastorno postraumático que sufre, estuvo hospitalizado y ahora se niega a salir de casa, no interactúa con la comunidad y le tiene miedo a la policía», agrega.
«El señor Ramos-Gómez y el público tienen que saber por qué el Gobierno de los Estados Unidos abusa de sus ciudadanos y de un veterano de guerra, y cuántas otras personas han sufrido de la misma manera», expresó Swaminathan.
En una demanda separada, la ACLU de Michigan ha requerido detalles sobre la detención e interrogatorios a los que fue sometido el veterano.
También sobre cuántos ciudadanos o residentes permanentes han sido detenidos o removidos del país en los últimos cuatro años, y cuál es la política que se aplica en los casos de personas detenidas con problemas mentales o discapacidades
La compensación que se busca es aparte de los 190.000 dólares que accedió a pagar este mes la ciudad de Grand Rapids (Michigan) como arreglo para cerrar una demanda civil por discriminación.
