Chicago (IL) – Los inmigrantes detenidos en centros contratados o administrados por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) permanecen recluidos en «condiciones inhumanas» y con un acceso «insignificante» a la atención médica, según un reporte publicado este jueves por grupos de defensa de los derechos civiles.
Más de 56.000 personas son alojadas a diario en 220 establecimientos en todo el país, en condiciones «preocupantes» en estos tiempos de pandemia, señalan la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Human Rights Watch y el Centro Nacional de Justicia para el Inmigrante.
Representantes de estos grupos visitaron cinco centros de detención en Louisiana, Mississippi y Arizona, y entrevistaron a 150 detenidos antes del estallido del virus que se ha vuelto una amenaza mundial, y pudieron comprobar que el sistema «nunca estuvo preparado» para manejar una crisis como la actual.
Según el reporte, los investigadores observaron falta de personal y reducción de gastos en unidades médicas, que no estaban preparadas para emergencias, ni siquiera en circunstancias ordinarias.
Los inmigrantes les relataron sus problemas para acceder a artículos de higiene personal y de limpieza de celdas y baños, y cómo viven hacinados en salones con hasta 100 personas, sin ninguna posibilidad de distancia social o de cualquier otra medida preventiva del contagio.
Esto ya ocurría antes del coronavirus, pero con la pandemia «la sobrepoblación, condiciones insalubres de vida y negligencia médica pueden ser especialmente mortales», advirtió Eunice Cho, abogada de ACLU, en la presentación del informe.
Titulado «Zonas libres de justicia: Los centros de detención de inmigración en la Administración Trump», es la primera investigación realizada en profundidad por grupos defensores de los derechos civiles sobre las condiciones de vida de las personas que aguardan la deportación o una respuesta a su pedido de asilo.
Señala que debido a las condiciones «inhumanas», desde 2017 murieron 39 adultos en custodia del ICE, de los cuales 12 fueron suicidios.
De los testimonios recogidos surgen denuncias de abusos contra reclusos con discapacidades, confinamiento solitario por largos periodos y el uso de fuerza física, gas lacrimógeno y gas pimienta contra los detenidos.
Cuando fue creado el ICE en 2003, heredó un sistema de detención que alojaba a unas 20.000 personas por día, que en la actualidad son 56.000 y pueden llegar a 80.000 cuando se suman las instalaciones de la Patrulla Fronteriza.
El informe contabiliza 220 centros de detención en todo el país, en su mayoría operados por corporaciones privadas.
Desde 2017, con la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, se abrieron 40 centros nuevos, que a fines de 2019 alojaban al 25 % de las personas bajo custodia de inmigración, agrega.
En los nuevos centros, los detenidos están «extremadamente aislados» de abogados u otro tipo de ayuda legal, y una «abrumadora mayoría pierden sus casos de asilo».
En el año fiscal 2019, los jueces de inmigración negaron todos los pedidos de asilo político realizados por los detenidos en cuatro de los 20 centros más grandes de detención abiertos por Trump.
«El Gbierno demuestra una indiferencia insensible hacia los inmigrantes», señaló Grace Meng, investigadora de Human Rights Watch.
Pero en su opinión, Trump no es el único responsable del sistema abusivo existente, pues «el Congreso debería rechazar las demandas del Gobierno y reducir los fondos destinados a los centros de detención de inmigración».
Según el estudio, los legisladores deberían además restringir la capacidad del ICE de transferir fondos de otras agencias del Departamento de Seguridad Nacional para cubrir los excesos de gastos con los detenidos, sin control legislativo.
«El Congreso tiene que detener el uso del dinero de los contribuyentes para financiar abusos de los derechos civiles», concluyó Tara Tidwell Cullen, del Centro Nacional de Justicia para el Inmigrante.
