San Juan – El Gobierno de Puerto Rico y las autoridades federales establecieron como meta que a finales del próximo mes de marzo todas las personas damnificadas por los terremotos cuenten con un alojamiento temporal hasta que consigan una alternativa permanente.
La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, informó este martes en conferencia de prensa de que esa es la meta del Ejecutivo para dar respuesta a la emergencia de los terremotos, en medio de la polémica provocada por unas declaraciones suyas y otras de la alcaldesa de Ponce, María Meléndez, en las que aseguraban que a los damnificados les gustaba vivir bajo carpas.
Meléndez llegó a decir que «a las personas les encanta vivir en las carpas, les encanta», ya que como aseguró «hay un orden en cuanto a las actividades» y a la misma vez «tienen entretenimiento».
La gobernadora, criticada por unas declaraciones similares, aclaró que en su caso sería injusto tergiversar sus palabras, tras matizar que lo que quiso decir en realidad es que las personas refugiadas «se sentían contentas dentro de las circunstancias que les había tocado vivir».
«Naturalmente, nadie puede estar contento, si no dentro de esas circunstancias», matizó la gobernadora.
El Ejecutivo estableció el próximo 24 de marzo como la fecha en que todos los damnificados deben ya contar con una alternativa temporal de vivienda.
En esa fecha se deberá haber dado respuesta de vivienda a quienes realmente lo necesitan de las cerca de 4.600 personas refugiadas actualmente, aunque la gobernadora matizó que de esa cifra entre 600 y 800 personas son las que realmente sufrieron en sus casas daños, de mayor o menor gravedad.
La gobernadora reconoció que buena parte de esas 4.600 personas que permanecen en los cinco campamentos base distribuidos por el suroeste de Puerto Rico a causa de los terremotos son en realidad individuos que tienen miedo a regresar a sus casas por temor a posibles derrumbes, aunque sus hogares quedaran intactos.
«Aun cuando su hogar no sufrió daños, prefieren estar en los campamentos base o bajo carpas por seguridad», destacó la gobernadora.
La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (Fema, en inglés) ha asistido hasta el momento a un total de 1.086 familias en materia de vivienda con ayudas por valor de 2,7 millones de dólares.
La agencia federal divide entre los refugiados a quienes sufrieron daños en sus propiedades y los que simplemente por miedo no quieren volver a sus casas.
La gobernadora dijo que la respuesta que dio el Ejecutivo y las agencias federales ante este desastre no tiene nada que ver con la del huracán María de septiembre de 2017.
«Se actuó se acuerdo a las mejores prácticas de la nación americana», dijo, tras insistir en que «la respuesta fue totalmente diferente».
El coordinador de recuperación de desastres para Puerto Rico y las Islas Vírgenes de FEMA, Alex Amparo, dijo por su parte que se busca alcanzar y satisfacer las necesidades de la población afectada.
El informe de asistencia prestada hasta el momento a los damnificados incluye el haber atendido a casi 63.000 personas y 7.000 propiedades inspeccionadas.
Por otro lado, el secretario de Educación, Eligio Hernández, anunció una segunda ronda de apertura de escuelas que, luego de ser inspeccionadas, certificadas y aptas, comenzarán clases el lunes 3 de febrero.
Hernández informó que estos centros educativos, al igual que en la primera ronda, están ubicados en las regiones educativas de Arecibo, Bayamón, Caguas, Humacao y San Juan.
Para las regiones de Mayagüez y Ponce, el Departamento de Educación continúa evaluando alternativas.
Un grupo de padres protestó hoy frente a la entrada de la escuela Antonio Ledee de Salinas con la intención de paralizar su actividad al alegar que sufrió daños con motivo de los huracanes a los que no se ha dado respuesta, a pesar de haber recibido la autorización para abrir puertas.
La gobernadora insistió hoy en que las escuelas no abrirán sus puertas hasta que cumplan son los requisitos.
El responsable de la Guardia Nacional en Puerto Rico, general José Juan Reyes, confirmó que trabaja en conjunto con agencias gubernamentales y los municipios en un plan de desalojo masivo en respuesta a un terremoto de magnitud 7.0.
Aclaró que el plan está diseñado de una manera viable y sencilla para que todos los residentes de Puerto Rico puedan entender el escrito al detalle y ejecutarlo.
