Denver (CO) – Los 20 fiscales activos en el sistema judicial de Denver frecuentemente discriminan contra acusados y sospechosos latinos, dejándolos en una situación de desventaja respecto a los blancos al momento de negociar declaraciones de culpabilidad o sentencias, revela un reporte oficial difundido este miércoles.
El reporte “Disparidades Raciales en los Resultados de las Acciones de los Fiscales” fue preparado de manera independiente por la doctora Stacey J. Bosick, de la Universidad Estatal de Sonoma (California), por pedido (en 2019) de la actual fiscal general de Denver, Beth McCann.
Tras analizar unos 6.800 casos presentados por fiscales ante las cortes de Denver entre 2017 y 2018, Bosick concluyó que los hispanos y afroamericanos de la capital de Colorado enfrentan “un conjunto persistente de desventajas” al ser comparados con los blancos en cuanto a las decisiones que los fiscales toman.
Por ejemplo, en casos de tráfico de drogas, los blancos generalmente son enviados a programas de rehabilitación o sus casos quedan suspendidos o postergados, mientras que los hispanos terminan encarcelados.
Específicamente, dijo Bosick en su reporte, ella y su equipo encontraron “diferencias raciales en tres de los cuatro puntos de acciones de los fiscales” examinados para el estudio. Esas acciones son dejar cargos sin efecto, postergar juicios y enviar casos de uso de drogas a las cortes municipales y no a las cortes de distrito.
La única acción en la que no hubo diferencia racial o étnica fue en la aceptación de declaraciones de culpabilidad por parte de los sospechosos. Pero aun en ese contexto, la reducción de la pena que se les ofrece a los hispanos por declararse culpables es “desproporcionadamente menor” que lo que se les ofrece a los blancos.
Eso significa que los hispanos, al reconocerse culpables, generalmente lo hacen por un delito de un nivel inmediatamente menor al delito de la acusación original, mientras que los blancos pueden declararse culpables de delitos hasta tres niveles inferiores.
Dos elementos adicionales complican la situación de los acusados hispanos ante los fiscales de Denver: la pobreza y los problemas de salud mental de muchas de esas personas, y el hecho que, según encontró Bosick, los fiscales de Denver afirman que no les corresponde a ellos responder a problemas de discriminación por raza o etnicidad.
“No existe un consenso entre los fiscales entrevistados sobre la función de los fiscales para reducir las disparidades causadas por el accionar policial”, expresó Bosick, subrayando que los fiscales “se sienten incapaces” de corregir el racismo o la discriminación policial y judicial contra “las comunidades de color” en Denver.
Bosick propuso que el sistema judicial y criminal de Denver colabore con la comunidad local para que las acciones de los fiscales “tengan resultados equitativos” y para que el personal que trabaja en las fiscalías refleje la diversidad demográfica y cultural de esta ciudad.
Según datos del Censo, 30 % de los 750.000 habitantes de Denver son de origen latino.
Por su parte, la fiscal McCann se comprometió a “implementar los cambios sugeridos en el estudio, algunos de los cuales ya están en proceso de implementación”.
Además, dijo, el reporte “se compartirá con los fiscales de distrito en todo Colorado para que sea el catalizador de una seria conversación para estudiar la equidad en el sistema de justicia criminal”.
