Chicago (IL) – Líderes comunitarios y abogados hispanos de Chicago pidieron este miércoles la intervención del Departamento de Justicia para investigar la muerte de Adam Toledo, el menor de 13 años que fue abatido por un policía en el barrio mexicano La Villita el pasado 29 de marzo.
Un video filmado por la cámara corporal del agente muestra la persecución a pie del adolescente, que se detiene, parece deshacerse de un arma y al darse vuelta con las manos en alto recibe un disparo en el pecho.
«La comunidad latina no se siente protegida por la policía», declaró este miércoles a Efe el abogado Arturo Jáuregui, del Pilsen Law Center, quien se unió a colegas de la Asociación de Abogados Hispanos de Illinois para exigir una investigación «íntegra y transparente», que en su opinión no puede hacer el Departamento de Policía local.
«No confiamos en la policía local», dijo, pero sí en el Departamento de Justicia federal, que podría delegar a su Departamento de Derechos Civiles para que investigue si se violaron los derechos constitucionales y civiles de Toledo, agregó.
El pedido de «un árbitro imparcial» fue dirigido al fiscal federal Merrick Garland, porque el caso de Adam Toledo, por trágico que sea, es solo síntoma de un problema sistémico que ha afectado a la comunidad latina de Chicago durante demasiado tiempo, de acuerdo a los grupos locales.
«Con demasiada frecuencia, las interacciones entre los latinos y la policía resultan en detenciones desproporcionadas, acoso, arrestos equivocados y enjuiciamientos por delitos menores. Y, como muestra el caso de Adam, esas interacciones a menudo traen consecuencias fatales para los residentes de la comunidad», señala la petición.
Según Jáuregui, «es un problema de racismo» o de políticas y procedimientos no muy claros sobre el uso de la fuerza letal. «Esta es una tragedia que pudo y debió haberse evitado», agregó.
El pedido señalan que solo una investigación exhaustiva del Departamento de Justicia puede traer una apariencia de fe y confianza de la comunidad latina.
En 2019, una investigación del Departamento de Justicia confirmó casos de racismo y abusos a lo largo de décadas cometidos por la policía de Chicago.
La investigación estuvo motivada por la sospecha de encubrimiento ante la muerte en 2014 de un adolescente afroamericano de 16 años, Laquan McDonald, a cargo de un oficial blanco que le disparó 16 veces por la espalda.
El policía fue condenado por homicidio en primer grado, y el caso tuvo repercusiones en la Procuraduría de Justicia de Illinois, por la demora en presentarle cargos criminales, y en el futuro político del entonces alcalde de Chicago, Rahm Emanuel.
Jáuregui dijo que esta investigación obligó al Departamento de Policía a implantar una serie de reformas en sus procedimientos, que se han cumplido solamente en un 50 % o 60 %.
La alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, debería acelerar el cumplimiento del decreto de consentimiento existente, que requiere reformas atrasadas desde hace mucho tiempo, y poner fin de inmediato a las persecuciones a pie que resultan en muertes como la de Adam, concluyó.
