Solicitantes de asilo en EE. UU. afrontan más trabas para trabajar

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Proceso Digital/D19/EFE

Tegucigalpa – En los Estados Unidos cada vez se dificulta más que un inmigrante que ha solicitado asilo pueda obtener un puesto de trabajo, luego de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), diera a conocer nuevas reglas que vigorizan las trabas para que quienes opten por un empleo puedan obtenerlo si su condición es la de un solicitante bajo esa condición.

– El Gobierno de EE. UU. también anunció que postergará al menos hasta el 20 de julio la reanudación de las audiencias sobre las solicitudes de asilo.

La enmienda que obstaculiza la elegibilidad para obtener la autorización (Documento de Autorización de Empleo-EAD, por sus siglas en inglés), cuenta, desde los últimos días, con más obstáculos que dilatan su obtención, en una medida que será aplicables a partir del próximo 25 de agosto.

Las nuevas dificultades para los inmigrantes que han solicitado asilo ocurre en medio de la pandemia del coronavirus que sacude al continente y el mundo y que, en los países de América Latina, entre otros, ha propiciado enormes desequilibrios sociales que obligan a muchos a solicitar asilo, por lo que se prevé que esta nueva disposición afecte a decenas de miles de peticionarios.

La normativa se aplicará a los que han hecho la petición de asilo tras cruzar la frontera y a quienes presentan casos de asilo afirmativo.

En una publicación en el portal del Servicio de Ciudadanía e Inmigración se anunció el  cambio regulatorio “para impedir a los extranjeros  ingresar ilegalmente a Estados Unidos y presentar solicitudes de asilo frívolas, fraudulentas o no meritorias a fin de obtener un documento de autorización de empleo. Esta regla no altera los criterios de elegibilidad de asilo de ninguna manera y entrará en vigor el 25 de agosto”, se refrenda en la página oficial del ente.

Luego agrega que “ esta regla se deriva del Memorándum Presidencial del 29 de abril de 2019 Sobre Medidas Adicionales para Mejorar la Seguridad Fronteriza y Restaurar la Integridad de Nuestro Sistema de Inmigración, que enfatiza que la política de Estados Unidos es administrar los programas de inmigración humanitaria de manera segura y ordenada, y denegar de inmediato beneficios a aquellos que no cualifican”.

Asimismo, hacen mención de que el propósito es «proteger la integridad del sistema de inmigración legal de nuestra nación de aquellos que buscan explotarlo o abusar de el, es clave para la misión de USCIS», en una cita atribuida a Joseph Edlow, subdirector de Política de USCIS.

En ese contexto agrega que “las reformas en esta regla están diseñadas para restaurar la integridad del sistema de asilo y reducir cualquier incentivo para presentar una solicitud de asilo con el objetivo principal de obtener autorización de empleo. También impide las solicitudes frívolas y no meritorias, al eliminar la autorización de empleo para los extranjeros que no han solicitado asilo dentro de un año luego de su última entrada al país, hasta que USCIS o un juez de inmigración determine la elegibilidad para asilo del extranjero».

La nueva norma evita que la obtención de una autorización de empleo basada en una solicitud de asilo pendiente, resumen expertos en temas migratorios que no comulgan con la media.

De acuerdo a la  USCIS,  la normativa “define nuevas exclusiones y denegaciones para la autorización de empleo como en el caso de ciertos comportamientos criminales, extiende el tiempo de espera antes de que un solicitante de asilo pueda solicitar una autorización de empleo de 150 días a 365 días calendario, limita el período de validez de la autorización de empleo a un máximo de dos años, y finaliza automáticamente la autorización de empleo cuando la denegación de asilo de un solicitante es administrativamente final”.

Postergadas audiencias

En tanto, El Gobierno de EE. UU. también anunció que postergará al menos hasta el 20 de julio la reanudación de las audiencias sobre las solicitudes de asilo cuya adjudicación esperan decenas de miles de personas enviadas a México bajo el denominado Programa Protección de Migrantes (MPP, por su sigla en inglés).

Los departamentos de Justicia (DOJ) y de Seguridad Nacional (DHS) «mantienen su compromiso de proceder con las audiencias de MPP de manera tan expedita como sea posible», señaló un mensaje difundido por la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR), encargada de regular los tribunales de inmigración.

El Gobierno del presidente Donald Trump puso en práctica desde inicios del año pasado el MPP, popularmente conocido como «Permanezcan en México», por el cual las personas que llegan a la frontera sur de Estados Unidos y piden asilo son devueltas al país vecino, donde han de aguardar hasta que se les notifique la fecha y lugar de las audiencias que decidirán sus casos.

Grupos de derechos humanos, organizaciones religiosas y miembros del Congreso han denunciado por meses que estos solicitantes de asilo viven en condiciones precarias, en campamentos o albergues, expuestos a la violencia de grupos criminales y en condiciones sanitarias deficientes.

El Gobierno suspendió inicialmente las audiencias el 24 de marzo, cuando la pandemia de coronavirus forzó la cesación de actividades administrativas y económicas, y luego extendió la suspensión en abril y mayo.

Los departamentos, señaló el comunicado, «han mantenido discusiones acerca de la oportunidad de reanudar las audiencias a la luz de las condiciones de emergencia sanitaria en Estados Unidos, en México y en la comunidad internacional dado que muchos países siguen impactados significativamente por COVID-19».

Como resultado de estas discusiones los departamentos «postergan tanto las audiencias de MPP como los servicios de documentos entregados personalmente hasta el 17 de julio, incluido», se indica

Más de 60,000 personas que buscaban asilo en EE. UU. han sido devueltas a México en el marco de este programa, y desde que empezó a aplicarse grupos de derechos civiles han informado de cientos de casos de asesinato, torturas, violación y secuestro, entre otros ataques contra las personas retornadas.

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