Terapeuta traiciona a hondureño y los expone a deportación en EEUU

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Tegucigalpa – Confiar en su terapeuta es quizás el mayor error que pudo cometer el hondureño Kevin Euceda de 19 años quien ahora enfrenta la deportación en Estados Unidos.

Los abogados del Ejecutivo quieren forzar la deportación del hondureño basándose en las conversaciones supuestamente confidenciales que él había tenido con su terapeuta.

Esta nueva práctica ha orillado cuestionar el derecho de confidencialidad que deben los profesionales.

Este hondureño cruzó la frontera sur con su hermana en mayo de 2017. La Patrulla Fronteriza los encontró perdidos en Texas tras cruzar el Río Bravo.

Como su hermana era mayor de edad, fue deportada en cuanto pudieron las autoridades de inmigración y a él lo enviaron a un centro juvenil de internamiento en un área rural de Virginia.

El joven “catracho” contó a su terapeuta que había sido forzado a pertenecer a la pandilla MS-13 y que esa fue la razón por la que huyó de su país. El entonces adolescente fue testigo de asesinatos, desmembramiento de cuerpos y fue obligado a vender drogas.

En la audiencia que tuvo cuando aún no llevaba ni un año detenido, la jueza le dijo a Euceda que quedaba en libertad hasta que se resolviera su caso pero el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) solicitó una retención de emergencia.

Desde entonces, el hondureño permanece en custodia del ICE, razón por la que, le fue asignado un terapeuta.

  Sin embargo, la confianza que él deposito en el profesional hoy le juegan en contra ya que los abogados utilizan estas conversaciones como un argumento para acelerar la deportación.

En septiembre de 2019, la propia jueza le dijo a Kevin que iba a emplear “muy poco tiempo para revisar los documentos” pero a mediados de febrero de 2020, el joven aún no tiene noticias y lleva más de 950 días detenido.

Este caso ha causado la propugnación de los defensores de los derechos de los inmigrantes y cuestionan si se trata de una nueva técnica del gobierno del presidente Trump contra los inmigrantes.

Aunque esta práctica es técnicamente legal para el gobierno de Trump las asociaciones de terapia profesional dicen que es una violación profunda de la confidencialidad del paciente.

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