Atlanta (GA) – Años de lucha para demandar el cierre de una polémica prisión de indocumentados en Georgia, que se convirtió en el centro de un escándalo nacional tras denuncias de violaciones a los derechos humanos, finalmente dieron su fruto con el sorprendente anuncio de su clausura, dijeron defensores de los inmigrantes.
Las organizaciones hispanas y derechos humanos que han abogado por la clausura del Centro de Detención de Irwin, en el sur de Georgia, celebraron la decisión del secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, que ordenó el jueves al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que rescinda inmediatamente el contrato con esa prisión.
«Estamos felices con este acontecimiento. Dado su historial extensamente documentado de violaciones de derechos humanos, Irwin debería haber sido cerrado hace mucho tiempo», declaró a Efe la abogada Azadeh Shahshahani, directora legal de Project South, una de las organizaciones que destapó el escándalo.
La activista advirtió que ahora concentrarán sus esfuerzos para que las inmigrantes presas que denunciaron haber sufrido abuso médico en la prisión, incluida la esterilización forzada, sean indemnizadas y la corporación penitenciaria LaSalle, que opera la cárcel, rinda cuentas por permitir que ocurrieran los atropellos.
«PATRÓN IMPLACABLE»
Project South y Government Accountability Project, entre otros grupos, presentaron en septiembre del año pasado una queja legal ante la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en la que expusieron las denuncias de decenas de inmigrantes detenidas en Irwin sobre un «patrón implacable de procedimientos médicos no consentidos, incluidas cirugías ginecológicas no deseadas y otras intervenciones médicas».
«Ellos permitieron que los abusos continuaran y ICE sabía de los abusos contra las mujeres al menos desde 2018, sin embargo, no hicieron nada», sostuvo Shahshahani, cuya organización presentó en diciembre una demanda colectiva contra el ginecólogo del centro de detención Mahendra Amin, en nombre de más de 40 indocumentadas que estaban o estuvieron presas y que aseguran haber sido víctima del médico.
Al anunciar el cierre de Irwin y del Centro de Detención del condado de Bristol, en Massachusetts, Mayorkas dijo que ambas cárceles están siendo investigadas porque no se «tolera el maltrato de personas detenidas y tampoco que vivan en condiciones deficientes».
«Es una victoria para la gente detenida, para quienes han sufrido la detención, y para los activistas y las organizaciones que durante mucho tiempo han estado poniendo en la mira lo que ha estado sucediendo en ese centro de detención», dijo a Efe Amílcar Valencia, director de El Refugio y miembro de la junta directiva de la organización Detention Watch Network.
El anuncio del secretario del Departamento de Seguridad Nacional «fortifica el llamado que las organizaciones han estado haciendo por años» para que cierren el Centro de Detención de Irwin y otras cárceles de ICE donde se están violando los derechos humanos, afirmó Valencia.
Para Adelina Nicholls, directora ejecutiva de la Alianza Latina Pro Derechos Humanos de Georgia (GLAHR), el cierre de la prisión en la remota localidad de Ocilla marca «un paso importante en la dirección correcta, pero la vergonzosa práctica de este país de lucrarse encerrando a la gente sigue viva».
HAY QUE CERRAR LOS CENTROS DE DETENCIÓN
«No dejaremos de luchar hasta que terminemos con el escándalo de las detenciones privadas, desmantelemos la cruel máquina de deportación y revirtamos la criminalización racista de la inmigración en este país», sostuvo Nicholls, una de las voces de Georgia más activas en contra de las acciones de ICE.
El abogado Diego Sánchez, de la Iniciativa para la Liberación de Inmigrantes en el Sureste, del The Southern Poverty Law Center (SPLC), por su parte, considera la decisión del gobierno como una victoria, «un testimonio de la organización implacable» de las mujeres que denunciaron los abusos y de los detenidos que buscan justicias, entre otros que lucharon para lograrlo.
«La administración Biden-Harris ahora debe reconocer que los abusos desmedidos que ocurrieron en Irwin no son incidentes aislados y que las personas que fueron transferidas al Centro de Detención Stewart (en Georgia) o a otro lugar no están mejor o más seguras que en Irwin», agregó.
Por ello, «hacemos un llamado al Gobierno para que haga lo correcto y proporcione liberaciones, no transferencias», dijo el abogado.
Mientras tanto, Naureen Shah, asesora principal de defensa y política de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), aplaudió los pasos dados por el Gobierno para «romper de manera decisiva con los abusos de los derechos de los inmigrantes de administraciones anteriores», en unos hechos que, en su opinión, han «infligido traumas y daños profundos a cientos de miles» de indocumentados.
