Bruselas– La Unión Europea (UE) constató hoy la continua caída de los flujos migratorios hacia Europa y acordó mantener y extender la actual política, centrada en el control de las fronteras exteriores, la lucha contra el tráfico de personas y la cooperación con terceros países.
En la cumbre de dos días que culmina hoy los líderes de los Veintiocho aprobaron unas conclusiones que pasan revista a la inmigración irregular y a las propuestas presentadas en los últimos años en ese ámbito, en particular para reformar el régimen de asilo común.
En la UE las llegadas de inmigrantes irregulares a la Unión Europea han caído drásticamente en el último año en todas las rutas salvo en el Mediterráneo Occidental, por donde unas 57.000 personas entraron en la UE en 2018, un aumento del 126 % con respecto a 2017, según el último informe de la Comisión Europea.
Precisamente esa es la ruta que afecta a España y, para revertir la situación, el Ejecutivo comunitario propuso recientemente poner en marcha aquí el mismo enfoque «integrado» que ha tenido éxito en el resto del Mediterráneo.
Hoy los líderes apostaron por continuar con esta política, desarrollarla más y aplicarla plenamente, y alertaron sobre la necesidad de mantener la vigilancia «en todas las rutas existentes y emergentes, en particular en vista de los recientes aumentos en las rutas del Mediterráneo occidental y oriental», dijeron.
Por otra parte, los mandatarios repasaron la dimensión interior de la política migratoria y pidieron a las instituciones europeas que terminen de negociar rápido la propuesta sobre la Agencia europea de Asilo y el refuerzo de Frontex.
Sobre Frontex, valoraron que los países hayan acordado su futura intervención en los retornos de inmigrantes irregulares y en la gestión migratoria en terceros países.
Sin embargo evitaron mencionar los puntos más espinosos de esa propuesta, como el número de agentes adicionales necesarios de aquí a 2020 (que Bruselas cifra en 10.000) o la manera de garantizar que las nuevas tareas de Frontex no interferirán en cuestiones que afecten a la soberanía del país donde opere, un asunto que preocupa a España y otros países.
Pidieron también «más esfuerzos» para concluir la negociación de una directiva que facilitará los retornos de inmigrantes y para concluir la negociación del sistema europeo de asilo común, bloqueado desde hace dos años.
