Ciudad de Guatemala- Una sala de Apelaciones de Guatemala ordenó este viernes otorgar libertad condicional a la abogada Claudia González, exfuncionaria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de Naciones Unidas, encarcelada desde el pasado 28 de agosto por un supuesto caso de abuso de autoridad, aunque los críticos denuncian una «persecución política».

González podrá salir de la prisión donde estuvo privada de libertad durante 74 días, debido a que la Sala Primera de Apelaciones aceptó la petición de medidas sustitutivas que su defensa había solicitado, según confirmó el Organismo Judicial guatemalteco.

La sala de Apelaciones ordenó al juez Jimi Bremer, a cargo del proceso, gestionar la liberación de la abogada en un plazo no mayor a tres días, según la misma fuente.

La exfuncionaria de Naciones Unidas fue acusada por el Ministerio Público (Fiscalía) de un supuesto abuso de autoridad por haber implementado acciones contra la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Blanca Stalling, quien era investigada por un caso de corrupción y tráfico de influencias, en 2017.

El día de su detención, González aseguró a periodistas que el caso en su contra era una «persecución política» y criticó el procedimiento que aplicó el juez Bremer en su contra por no citarla a declarar antes de ordenar su detención.

Antes de su captura, González se desempeñaba como abogada defensora del exfiscal Juan Francisco Sandoval, exiliado en Estados Unidos, y otros cuatro ex operadores de justicia que han denunciado ser objeto de persecución política por su labor investigando estructuras de corrupción e impunidad entre 2014 y 2020.

El 29 de agosto, el encargado del Departamento de Estado de Estados Unidos para Latinoamérica, Brian Nichols, había condenado la detención de la abogada González y la consideró como «una manipulación al sistema de justicia».

Desde 2019 a la fecha, al menos 50 guatemaltecos entre fiscales, jueces, abogados, periodistas y activistas han tenido que exiliarse, tras denunciar persecución política en su contra por parte de la Fiscalía, que dirige Consuelo Porras. EFE