Washington – Unos 200 nicaragüenses que huyeron de la represión del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se encuentran actualmente en centros de detención de EE.UU. debido a que entraron de manera irregular en el país, denunciaron este viernes activistas ante la CIDH.
La nicaragüense Anita Wells, de la Alianza de Derechos Humanos de EE.UU. para Nicaragua (NAHRA, por sus siglas en inglés), hizo esta revelación durante un encuentro en Washington entre la prensa, la sociedad civil y miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
«Hasta el momento, tenemos más de 200 detenidos en centros de detención de EE.UU.», dijo Wells, quien adornó su atuendo con una flor y la bandera azul y blanca de Nicaragua.
Wells y otra quincena de personas crearon hace un mes la organización NAHRA para documentar los casos de nicaragüenses detenidos al acceder irregularmente a EE.UU., y que estaban huyendo de la violencia que estalló el pasado abril en Nicaragua, cuando comenzaron las protestas contra Ortega.
Si demuestran que han escapado por razones políticas, esos nicaragüenses podrían recibir asilo político de EE.UU., pero de momento están tramitando sus peticiones desde los centros de detención que el Gobierno estadounidense tiene para los inmigrantes que entran ilegalmente en su territorio.
«Muchas de las personas que están escapando de Nicaragua son campesinos, estudiantes, familias que entran, las cuales no hablan una palabra de inglés, no tienen el menor concepto del tema judicial de este país», detalló Wells, poniendo rostro a los 200 nicaragüenses detenidos.
«Esas personas -añadió la activista- están siendo victimizadas dos veces, están escapando de la cárcel en Nicaragua, de torturas espantosas, algunos de ellos tienen una bala en el pulmón, otros tienen una pierna totalmente quebrada por las torturas y nos estamos enteramos a través de sus familiares».
El Gobierno de EE.UU. no ha ofrecido cifras oficiales sobre el número de nicaragüenses que han pedido asilo desde que estallaron las protestas contra Ortega en abril.
Uno de los mayores problemas se produce cuando las autoridades estadounidenses deportan a los nicaragüenses a su país de origen y los pone bajo la custodia del Ejecutivo de Ortega, que descubre que son «disidentes políticos» y los encierra en la cárcel, explicó Wells.
La activista puso como ejemplo a 90 personas que fueron deportadas a Nicaragua la semana pasada, de las que 12 acabaron en la cárcel El Chipote, en Managua.
La CIDH, que ha ejercido un papel muy relevante en la crisis nicaragüense, ha dicho que evaluará la información que le entregue Wells y el resto de activistas sobre el arresto de nicaragüenses en centros de EE.UU.
En concreto, Antonia Urrejola, relatora de Nicaragua en la CIDH, ha pedido a los activistas que se reúnan con el Meseni (Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua) para poder evaluar de qué casos se trata y solicitar información a EE.UU., que tiene responsabilidad sobre los centros de inmigrantes.
El Meseni es un organismo creado por la CIDH para vigilar la situación en Nicaragua. Al principio operó en el país, pero luego tuvo que trasladarse a Washington porque el Gobierno de Ortega dio por concluida su misión.
En el pasado, la CIDH ha expresado preocupación por la situación en la que viven los inmigrantes en los centros de detención de EE.UU., muchos ubicados cerca de la frontera con México.
La crisis que atraviesa Nicaragua desde el pasado abril ha dejado 325 muertos, según la Comisión, mientras que grupos locales humanitarios elevan la cifra a 561 y Ortega reconoce 199.
La violencia que se desató en Nicaragua provocó la salida de miles de sus nacionales, de los que la mayoría pusieron destino a Costa Rica, país que ha recibido a 50.000 personas desde el inicio de la crisis, de acuerdo con organizaciones de derechos humanos.
