Urgen a alguacil californiano a detener traslado de reos al ICE

0
157
Imagen tomada del exterior del Centro de Detención de Inmigrantes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Adelanto, California. EFE/Iván Mejía/Archivo

Los Ángeles – Defensores de los inmigrantes urgieron este miércoles al alguacil del condado de Orange, California, Don Barnes, a detener el traslado a la custodia de inmigración de inmigrantes que han terminado de pagar sus condenas.

Barnes ha sido un duro crítico de las políticas de santuario de California, y bajo la Administración del hoy expresidente Donald Trump (2017-2021) mantuvo estrecha colaboración con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Una coalición de grupos de defensores de los derechos de los inmigrantes puso este miércoles nuevamente en el foco del público las acciones del alguacil.

“El alguacil Barnes ha ignorado el llamado de la comunidad, incluso en medio de la pandemia, enviando a decenas de indocumentados a cárceles del ICE, como la de Adelanto (California)”, dijo a Efe Mauricio Trejo, voluntario de la Red de Respuesta Rápida del Condado de Orange.

El activista añadió que es tiempo que el alguacil sienta la presión de la comunidad, y que no se debe permitir que siga con su “agenda racista” a pesar de que Trump ya no esté en el poder.

“No se puede bajar la guardia”, insistió Trejo.

Los defensores de los inmigrantes, que mantuvieron una protesta frente a la cárcel del condado, también están pidiendo al público su respaldo al proyecto de ley conocido como “Vision Act”, que de aprobarse no permitiría el traslado de inmigrantes que ya han cumplido su condena a las autoridades federales.

El proyecto, que ha ganado el apoyo de 42 organizaciones y más de 16 copatrocinadores legislativos, ahorraría millones de dólares al año a los condados.

La oficina de la asambleísta Wendy Carrillo, autora del proyecto, asegura que las transferencias al ICE de personas elegibles para ser liberadas solo de las cárceles locales obligó a los contribuyentes a pagar una factura por más de 7,3 millones de dólares el año pasado en California.

“Es un desperdicio de dinero y un daño a las comunidades”, sostuvo.

La transferencia de las prisiones estatales y locales a la detención de ICE ha generado una creciente oposición, con un número cada vez mayor de expertos en salud pública, líderes religiosos, funcionarios electos y familiares de californianos encarcelados que instan a que se pongan fin a los traslados.