Washington – La discrepancia en el impacto del COVID-19 en las comunidades inmigrantes es «escandalosa y debe atenderse» con urgencia, afirmó este martes el representante demócrata Gerald Connolly al tiempo que activistas reclaman la provisión de más exámenes para esa población.
Nieghborhood Health, una red de clínicas en el norte de Virginia que brinda servicios a los inmigrantes, señaló que «es testigo de estas desigualdades: los latinos son el 87 % de los casos positivos de COVID-19 y el 76 % de ellos carece de seguro médico».
«Nuestros pacientes, sus familias y sus comunidades están siendo golpeadas duramente», añadió en un mensaje en Twitter Neighbhorhood Health, que anunció la apertura de otro puesto de pruebas en el área de Bailey’s/Culmore y donde viven miles de inmigrantes, en su mayoría centroamericanos.
Por su parte, Inquilinos y Trabajadores Unidos (TWU, en inglés), que tiene su sede en el barrio de Arlandria, en el norte de Alexandria, y New Virginia Majority (NVM), un grupo de movilización de votantes, pidieron al gobernador Ralph Northam que provea esta semana al menos 10.000 pruebas «para empezar a evaluar con certeza y encarar la propagación del virus».
Arlandria es, primordialmente, un barrio latino y hasta la semana pasada el 55 % de las 572 pruebas administradas tuvo resultado positivo con lo cual «la tasa de infección en esta comunidad de 16.000 personas es equivalente a ‘sitios calientes’ a nivel global como Queens (Nueva York), Wuhan (China), y Milán (Italia)», añadieron los dos grupos en un comunicado.
Connolly, quien representa el distrito 11 de Virginia en el Congreso federal, se sumó a un proyecto de ley que pide la suspensión de la regla de «carga pública» dictada por el gobierno de Donald Trump y que permite que se niegue la residencia permanente («tarjeta verde») a los inmigrantes que hayan recurrido, o se sospeche que puedan recurrir en el futuro, a servicios públicos.
La iniciativa propone que se amplíen los servicios de emergencia del programa Medicaid, que subsidia los gastos médicos de los pobres, y que se «modifiquen las políticas de inmigración que puedan disuadir a los inmigrantes de solicitar servicios médicos» durante la pandemia.
«En nuestra comunidad el hacerle la prueba a una persona, encontrar que está contagiada con el coronavirus y enviarla de vuelta a un apartamento de un dormitorio donde viven otras cuatro personas es una potencial sentencia de muerte o, al menos, una fórmula para más contagios», afirmó la directora ejecutiva de TWU, Evelin Urrutia.
El director ejecutivo de NVM, Jon Liss, indicó que «antes que (Northam) considere reabrir el estado debe salir de la mansión del gobernador y ver lo que ocurre aquí: sin miles de equipos para pruebas, sin acceso a viviendas donde puedan aislarse, y sin tratamiento médico, los residentes de Arlandria encaran más enfermedad y algunos, la muerte».
De acuerdo con los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC) los latinos, que son el 18 % de la población de Estados Unidos, constituyen el 28 % de todos los fallecidos por COVID-19.
Connolly señaló que los latinos son casi el 17 % de la población en el Condado de Fairfax, también en el norte de Virginia, y entre ellos se registran casi tres de cada cinco casos positivos por infección de coronavirus.
«Ésta es una crisis global y nadie es inmune a sus efectos», añadió Connolly. «A nosotros nos cabe la responsabilidad de asegurar que nuestra respuesta sea igualmente universal».
