Washington – El Gobierno ordenó esta semana cancelar o restringir notablemente las clases de inglés, los servicios legales y actividades recreativas como el fútbol para los menores indocumentados no acompañados que se encuentran detenidos bajo custodia federal en todo el país, debido a presiones fiscales.
La Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), que gestiona los centros para menores, confirmó hoy a Efe que ha empezado a retirar los fondos para esas actividades, debido a la «tremenda presión» que ejerce en su presupuesto el «drástico aumento» en la llegada de indocumentados a la frontera sur.
«Esta semana, la ORR instruyó que se empiecen a reducir o cancelar los fondos para actividades de menores no acompañados que no sean estrictamente necesarias para la protección de la vida y la seguridad», dijo a Efe una portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos -del que depende ORR-, Evelyn Stauffer.
Entre las actividades de las que se va a prescindir están los «servicios de educación, servicios legales y recreativos», precisó Stauffer, lo que incluye las clases de inglés o matemáticas a las que accedían los niños y deportes como el fútbol.
«Necesitamos urgentemente más recursos para hacer frente a las necesidades humanitarias creadas por este influjo, tanto para mantener el bienestar crucial de los niños como para aumentar nuestra capacidad», subrayó la portavoz.
La medida podría desafiar un acuerdo judicial federal que exige que los menores bajo custodia federal tengan acceso a educación y recreación, y HHS solo la ha confirmado después de que el diario The Washington Post accediera a documentos internos sobre el tema.
«¿Qué es lo siguiente? ¿Quitarles el agua corriente? ¿La comida? ¿Dónde van a parar?», denunció Carlos Holguín, un abogado que representa a menores indocumentados en una demanda contra las autoridades federales, en declaraciones al Post.
«Les veremos en los tribunales», advirtió el letrado.
El Gobierno estadounidense opera una red de unos 168 centros y programas en 23 estados para albergar a los menores indocumentados, en su mayoría centroamericanos, que cruzan solos la frontera sur y piden asilo en el país, según datos del HHS.
Por ley, los menores indocumentados que llegan apenas pueden pasar un máximo de 20 días en los centros de detención de las autoridades migratorias, y después pasan a albergues gestionados por el Departamento de Salud.
En ellos, la ORR «está obligada por ley a proporcionar cuidados a todos los menores no acompañados bajo su custodia mientras avanzan sus casos en los tribunales de inmigración y hasta que son entregados a sus tutores apropiados, normalmente un progenitor o un pariente cercano», recordó esa agencia a Efe.
Este año, más de 40.800 menores no acompañados han cruzado la frontera y han quedado bajo la custodia de la ORR, lo que supone un aumento del 57 % respecto al año pasado y ha llevado a esa agencia a alertar de una crisis presupuestaria.
En mayo, el Gobierno pidió al Congreso 2.880 millones de dólares más para reforzar la capacidad de ORR, y dos meses antes, el secretario de Salud advirtió de que apenas quedaban «500 camas disponibles» para los nuevos menores que llegaran a los centros.
En abril, había alrededor de 12.500 menores en los albergues federales de todo el país, donde permanecen una media de 48 días hasta que un trabajador social les pone en contacto con un patrocinador para liberarlos, según datos del Departamento de Salud.
De acuerdo con los documentos obtenidos por el Post, la orden del Gobierno de cortar los fondos es retroactiva al 22 de mayo, e incluye los costes de personal relacionados con esos servicios.
