Los Ángeles – Defensores de los derechos de los niños inmigrantes solicitaron este el miércoles al Tribunal de Distrito en Los Ángeles que ordene la liberación de emergencia de cerca de 1.000 menores que se encuentran bajo custodia de las autoridades de inmigración debido a los riesgos de contagio con el COVID-19.
La petición presentada por The National Center for Youth Law (NCYL), la Clínica de Inmigración de la Universidad California en Davis y el bufete de abogados Cooley LLP busca que se agilice la entrega de niños indocumentados que están esperando a reunirse con sus familiares.
«Lo que estamos pidiendo a la corte es que haga el proceso de reunificación con las familias más rápido», dijo a Efe Holly Cooper, codirectora de la Clínica de Inmigración de UC-Davis.
Cooper explicó que más de 1.000 niños inmigrantes que están en custodia federal llevan más de 30 días esperando a ser entregados a sus familiares.
«Los niños al estar en estos centros llenos de otros menores tienen mayor riesgo de contraer este virus», añadió la abogada.
La acción legal pide además a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) que los niños que entraron solos al país y no tienen familia que los reclame sean transferidos inmediatamente a un entorno de atención no congregado que cumpla con las pautas emitidas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para minimizar el riesgo de exposición al COVID-19.
«ORR debe evitar el riesgo de daños graves creados por la exposición al COVID-19 en instalaciones donde las precauciones de seguridad recomendadas no se implementan o no pueden implementarse de manera significativa», zanjó Cooper.
Por su parte, Leecia Welch, directora de defensa legal y bienestar infantil de NCYL aseguró en un comunicado que además de los menores, el COVID-19 pone al personal de las instalaciones y al público en general en alto peligro de infección o muerte. «La urgencia aquí no puede ser exagerada», advirtió.
La solicitud fue hecha al Tribunal de Distrito en Los Ángeles como parte de la demanda Lucas R. v. Azar, en la que cinco niños inmigrantes detenidos por las autoridades de inmigración demandaron al Gobierno en 2018.
La querella legal argumenta que el Gobierno del presidente Donal Trump no cumplió con el Acuerdo Flores al detener a los menores por períodos prolongados, drogándolos con poderosos medicamentos psicotrópicos sin consentimiento, negando arbitrariamente la liberación y negando el acceso a un asesor legal.
El Acuerdo Flores, que ha estado en la mira de la Casa Blanca por años, prohíbe al Gobierno mantener detenidos a los niños y sus familias durante más de 20 días, y garantiza la seguridad física y mental de los menores.
La petición presentada este miércoles incluye las declaraciones de Julie DeAun Graves, una médica especialista en salud pública que asegura que «bajo las condiciones actuales de pandemia, tales entornos congregados son inherentemente inseguros e insalubres, y se vuelven cada vez más peligrosos en proporción al número de niños que ORR coloca en tales instalaciones».
«Incluso si ORR emite una orientación más estricta en los próximos días o semanas, es probable que sea demasiado tarde, especialmente para las instalaciones ubicadas en áreas de alta transmisión comunitaria, como Nueva York y California», considera Graves.
Cooper explicó que los abogados del Gobierno deberán presentar sus opiniones en un plazo de 48 horas, y el Tribunal después tomará una determinación.
Este miércoles las autoridades de salud de California y Florida lidian con los primeros contagios en niños menores de dos años, una evidencia de que la enfermedad afecta a los menores de edad .
