Buenos Aires – Los venezolanos representan ya la primera corriente migratoria de Argentina. Jóvenes cualificados que dan al Gobierno suramericano la oportunidad de «recrear» viejas políticas de reordenación poblacional, desmasificar Buenos Aires y satisfacer la demanda de mano de obra que existe en el interior del país.
Argentina es un país multiétnico, con una de las leyes migratorias más abiertas del mundo, pero hoy en día los exiliados ya no bajan de los barcos, como hicieran durante los siglos XIX y XX millones de europeos, sino que llegan a Buenos Aires en autobús.
«Somos profundamente abiertos respetando la tradición de la República Argentina, sin duda uno de los países más abiertos del mundo, el más hospitalario de toda Latinoamérica, y evidentemente los números nos avalan. En tres años de gestión llevamos 660.000 radicaciones», dijo a Efe el titular de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), Horacio García.
Los venezolanos son ya el primer grupo migratoria del país, con al menos 130.000 personas regularizadas en los últimos tres años, superando a bolivianos y paraguayos.
El problema radica en que el 83 % de quienes ingresaron al territorio en ese periodo se asentaron en Buenos Aires o en su área metropolitana, acrecentando todavía más la masificación que arrastra la capital desde la década del 50.
El éxodo masivo venezolano, cifrado en cerca de cuatro millones de personas según el Parlamento del país petrolero y organismos internacionales, hizo al Gobierno de Mauricio Macri replantearse su política migratoria y poblacional para «poder orientar» este flujo y «la fuerza de trabajo impresionante que tienen» hacia los lugares del país que «necesitan un desarrollo genuino».
Quieren «recrear» de algún modo la estrategia que empleó otrora Argentina para distribuir el gran caudal migratorio que llegaba hacia zonas despobladas del país.
«En el 1900 no había Internet, no había Whatsapp, pero evidentemente había talento político, y esto es lo que tenemos que recrear», agregó García.
Para ello, la Administración nacional se está acercando a las autoridades de cada distrito, ya lo hicieron con Río Negro y Chubut (sur), Neuquén (centro) y Jujuy (norte), para saber «cuál es la demanda insatisfecha que tiene la provincia de mano de obra».
«El caso de los venezolanos es un caso muy especial porque el nivel educativo es mucho mayor que el de otros migrantes, si tenemos en cuenta que el 60 % son profesionales», dijo a Efe Lelio Mármora, director del Instituto de Políticas de Migraciones y Asilo (IPMA) de la Universidad Nacional Tres de Febrero y exdirector de la DNM (1973-74).
Son jóvenes profesionales, muy flexibles a la hora de escoger un trabajo a pesar de su formación y para este experto «la hiperconcentración en Buenos Aires ha sido más por falta de conocimiento que por deseo».
En muchos casos porque es en la capital donde tenían que hacer el trámite migratorio, por eso desde la DNM han implementado desde el mes de enero el sistema electrónico de radicación.
Mármora considera que en el mediano plazo va a haber un proceso de distribución de población venezolana hacia distintas partes del país.
«Ya hay como 4.000 ingenieros en (el yacimiento petrolífero de) Vaca Muerta, médicos en el noroeste, y una distribución en los pequeños pueblos. En la provincia de Buenos Aires ya se está viendo la presencia de venezolanos en pequeños pueblos», agregó el director del IPMA.
Algo que a su juicio «beneficia» a un «país vacío» y supone, en el caso de los ingenieros, «un regalo del cielo» frente a la «fuga de cerebros permanente» de jóvenes argentinos con este perfil que se van atraídos por otras potencias.
Pero la cuestión migratoria no está exenta de polémica en un Estado donde una gran mayoría de la población tiene raíces fuera del territorio.
Hace dos años, el Gobierno de Mauricio Macri firmó un polémico decreto mediante el que endurecía la política argentina de migración para evitar la entrada de extranjeros que hubieran cometido delitos graves y acelerar los procesos de deportación de quienes delinquen dentro de sus fronteras.
Desde entonces, muchos sectores acusan al Ejecutivo de orquestar un plan xenófobo. Sin embargo, en los últimos tres años solo fueron deportadas 1.432 personas, según cifras oficiales.
No obstante, en los principales medios de comunicación locales se suceden los titulares sobre deportaciones, extranjeros que delinquen y polémicas sentencias judiciales que liberan con penas anecdóticas a personas de otras nacionalidades detenidas «infraganti», entre otros.
