Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) alertó hoy del uso indebido de la fuerza y de las armas de fuego en perjuicio de grupos vulnerables que han sido desplazados de sus residencias por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.
En ese orden, emitió hoy una “Alerta Temprana” en la que revela haber atendido 21 quejas de desalojos de tierras, en diversas zonas del país, que vinculan a las fuerzas de seguridad del Estado de Honduras de hacer uso indebido de la fuerza y de las armas de fuego.
La “Alerta Temprana” hace referencia a la obligación del Estado hondureño de salvaguardar y preservar los derechos humanos de la ciudadanía con apego a las normas sobre el uso de la fuerza y las armas de fuego por parte de los agentes de seguridad pública, durante los desalojos.
En el 2023, el Conadeh atendió 21 quejas relacionadas con el desalojo de tierras, en diversas partes del país, en las que se alega el uso indebido de la fuerza y de las armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, incidentes han afectado a grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad que han sido desplazados de sus residencias, establece el documento.
El Conadeh advirtió al Poder Judicial, a las secretarías de Seguridad, Defensa Nacional, Derechos Humanos, al Ministerio Público, a la Dirección General del Sistema de Protección, al Congreso Nacional, al Instituto de la Propiedad, al INA y organismos internacionales, sobre las acciones que han afectado de manera significativa los derechos humanos, particularmente el derecho a la vida y el acceso a la tierra, de algunos grupos de pobladores a nivel nacional.
El ente estatal recordó que, el pasado 2 de octubre del 2023, se ejecutó un desalojo con un despliegue aproximado de 800 agentes policiales y de fuerzas especiales que afectó a integrantes de la Empresa Asociativa Campesina Isletas (EACI).
El Conadeh registró alegaciones sobre el uso desproporcionado de la fuerza, por parte agentes del Estado, durante el operativo en el cual habrían resultado personas con lesiones graves y la pérdida de la vida de un integrante de la EACI.
En este marco, el Conadeh registró que, el 15 de octubre de 2023, perdió la vida el joven Kevin Meza a causa de lesiones graves por impactos de proyectiles de bala y añade que, “esta Institución Nacional de Derechos Humanos inició una investigación sumaria e informal para el esclarecimiento de los hechos”.
El Conadeh también observó con preocupación que las medidas administrativas, legislativas y judiciales adoptadas, a la fecha, para prevenir violaciones a derechos humanos y garantizar la no repetición de hechos no resultan idóneas y suficientes para satisfacer todas las reglas internacionales en materia de desalojos.
Un desalojo debe ser autorizado por la ley, llevado a cabo de acuerdo con el derecho internacional relativo a los derechos humanos, realizado únicamente con el fin de promover el bienestar general, ser razonable y proporcional, estar reglamentado, de tal forma que se garantice una indemnización y rehabilitación completa y justa, explicó.
En este sentido, el Conadeh alertó a los poderes del Estado, entes gubernamentales e instituciones del Estado, sobre la posibilidad de que se repitan los hechos, la revictimización de las víctimas y la agudización de la crisis a causa de la inobservancia de las normas internacionales de derechos humanos en la ejecución de desalojos.
La titular del Conadeh, Blanca Izaguirre, recordó al Estado hondureño su deber de respetar y garantizar los derechos protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos, y que, de conformidad con ello, debe investigar las graves violaciones de derechos humanos.
Además, debe tener presente los principios de debida diligencia, la cual implica investigar de manera exhaustiva las denuncias de uso indebido de la fuerza y de las armas de fuego y, eventualmente, identificar a los autores, procesarlos a nivel administrativo y judicial para deducir la responsabilidad penal individual y la responsabilidad de mando correspondiente.
Instó al Ministerio Público, a llevar a cabo una investigación pronta, imparcial y exhaustiva, en estricta consonancia con el principio de la debida diligencia y aplicar el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas, como medida crucial para esclarecer los hechos y asegurar la sanción inmediata de los responsables, así como garantizar la protección de las personas integrantes de la EACI.
En la investigación, el MP debe asegurar la participación de los familiares de la víctima y sus representantes y debe garantizar que ésta sea dirigida por personal con competencia suficiente.
Adicionalmente, el Ministerio Público debe resguardar la investigación de la contaminación o alteración de pruebas que puedan realizar los posibles autores, particularmente debe resguardarla de aquellos agentes que tienen funciones de investigación, incluyendo a la propia la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán, como lo ha solicitado la parte peticionaria al Conadeh.
El ente estatal exhortó a la Dirección General del Sistema de Protección y a la SEDH a tomar en cuenta la vulnerabilidad de todo el núcleo familiar del joven Kevin Meza y de la población campesina de la EACI y adoptar las medidas urgentes de protección necesarias destinadas a disminuir los riesgos enfrentados que derivan de su labor.
Consideró fundamental que las personas afectadas tengan acceso a vías legales no solo para impugnar el desalojo y reivindicación de sus derechos vulnerados, sino también para garantizar el debido proceso que asiste a las personas desalojadas.
En la Alerta, el Conadeh recomendó instruir, de forma continua, a los miembros de las fuerzas del orden y a las unidades de fuerzas especiales en la observancia de los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Asimismo, revisar con carácter urgente la reforma realizada al artículo 378 numeral 4, párrafo segundo del Decreto legislativo N°93-2021, y reincorporar con carácter “preventivo” la figura del “desalojo” al tipo penal de Usurpación ya derogado anteriormente al entrar en vigencia el actual Código Penal. De manera particular se sugiere incorporar la prohibición expresa de incriminación penal contra las personas afectadas susceptibles a ser desalojadas.
