Democratic Representative from Texas Joaquin Castro and members of the Congressional Hispanic Caucus comment on the Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) case being heard before the US Supreme Court, at the US Capitol in Washington, DC, USA. EFE/EPA/Erik S. Lesser

Washington – Miembros del Caucus Hispano en el Congreso de Estados Unidos y dirigentes religiosos pidieron este miércoles al Gobierno del presidente Donald Trump que detenga las deportaciones y libere a los inmigrantes detenidos para evitar la propagación de la COVID-19 y «preservar la estabilidad regional».

El grupo de 38 legisladores demócratas, presidido por el representante Joaquín Castro, de Texas, envió una carta al secretario de Estado, Mike Pompeo, y el secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, indicando que la práctica de deportar y expulsar a los migrantes a toda América Latina y el Caribe «contribuye a la propagación rápida de la COVID-19 en países con menos capacidad de proteger a la gente del virus mortal».

Los legisladores sostuvieron que, según informes recientes, más de 100 personas deportadas a Guatemala, El Salvador, Honduras y Haití tuvieron resultados positivos en la prueba para detectar el coronavirus, «lo que preanuncia una propagación calamitosa de la enfermedad en la región».

El Gobierno de Trump anunció ayer, martes, la extensión por tiempo indefinido de la aplicación en la frontera de las normas de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) bajo las cuales todas las personas detenidas por haber cruzado la frontera, incluidos los menores de edad, son deportados de inmediato.

«Más de 20.000 migrantes, incluidos 9.000 menores de edad, han sido expulsados de esta manera», agregó el grupo. «El presidente Trump está usando la pandemia de coronavirus como herramienta para expandir su agenda antiinmigratoria».

Por su parte la coalición ecuménica Interfaith Immigration, sostuvo en una declaración que «el Congreso y los tribunales deben intervenir para detener el abuso de los menores de edad inmigrantes por parte del Gobierno de Trump».

«La crueldad del Gobierno hacia los niños migrantes no tiene límites», dijo Faith Williams, del Consejo Nacional de Mujeres Judías. «Este país y nuestras comunidades de fe levantaron su voz con fuerza cuando la política fronteriza de Trump separó a los niños migrantes de sus familias».

«Tenemos que darnos cuenta de que esto continúa y hay que detenerlo», añadió Williams.

Terri Hord Owens, presidente de la Iglesia Discípulos de Cristo, señaló que «a las sociedades se les juzga por cómo tratamos a los más débiles en nuestras comunidades, y eso incluye los más jóvenes y los ancianos».

«La COVID-19 ha dejado al desnudo las injusticias que existen en nuestra sociedad», agregó. «Como nunca antes, debemos defender al prójimo de manera que salgamos adelante de estos tiempos como una sociedad mejor y más justa».

Wendy Young, presidente de la organización no gubernamental Kids in Need of Defense (KIND), que procura ayuda para los niños en tránsito, dijo que «el cierre por tiempo indeterminado de la frontera ordenado por el Gobierno de Trump es un duro ataque contra estos niños que no tienen protección».

«Aunque el Gobierno menciona la epidemia del coronavirus para justificar estas medidas en la frontera sur, la COVID-19 no es más que un pretexto para continuar con una política contra los menores no acompañados», agregó.