Phoenix (AZ) – ACLU y el Centro Legal para Inmigrantes de Nuevo México (NMILC, por sus siglas en inglés) interpusieron este viernes una demanda contra la compañía privada CoreCivic, que opera un centro de detención en Nuevo México y en el que se rociaron químicos a un grupo de migrantes en huelga de hambre.
Según un comunicado de la filial en Nuevo México de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la demanda es a nombre de nueve solicitantes de asilo que estaban en el centro detención del condado Torrance, así como de la organización Santa Fe Dreamers Project.
ACLU y NMILC alegan que la querella es porque se atentó contra los derechos individuales de los indocumentados tras ser rociados con químicos «por participar en una huelga de hambre pacífica en protesta por las precauciones inadecuadas contra la covid-19, las malas condiciones de vida y la retención del estatus actualizaciones sobre sus casos de inmigración».
La querella se ha interpuesto cuando se cumple un año de aquel hecho, en el que 18 guardias empleados por la firma privada, «equipados con escudos, máscaras de gas y equipo de protección personal, desplegaron múltiples botes de aerosol y granadas de aerosol en un espacio mal ventilado», en el cual quedaron confinados los indocumentados.
«Cuando la habitación se llenó de gas pimienta, los demandantes comenzaron a toser, llorar y jadear por oxígeno», y algunos hasta perdieron el conocimiento, agrega el comunicado. Los indocumentados llevaban tres días en huelga de hambre.
La demanda estipula además que las autoridades del condado Torrance incumplieron su deber de cuidar a las personas detenidas en las instalaciones.
«Nuestros clientes que vinieron a Estados Unidos en busca de seguridad por la persecución, solo se manifestaban pacíficamente contra las pésimas condiciones de vida y el trato que recibían», explicó Nadia Cabrera-Mazzeo, abogada de la ACLU de Nuevo México, en el comunicado.
«En lugar de tratarlos con dignidad y compasión, los guardias optaron por rociarlos con químicos y someterlos a un mayor trauma. Este grave abuso de poder representa todo lo que está mal en nuestro sistema de inmigración y necesita un cambio urgente», agregó.
Después del «ataque», dijo ACLU, el personal de CoreCivic no descontaminó a los afectados ni les brindó atención médica, lo que les causó «daños por días».
«Varios de los demandantes contrajeron covid-19 y dieron positivo a los pocos días del ataque químico. Dos de ellos, que tienen antecedentes de enfermedad mental, intentaron suicidarse después del incidente», detalla el comunicado.
«Estas acciones, que fueron claramente una represalia y tenían la intención de infligir daño, no pueden quedar sin respuesta. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para buscar justicia a nuestros clientes», resaltó Jasmine McGee, abogada gerente de NMILC.
