Washington – El Gobierno del presidente Donald Trump conminó este jueves a Connecticut, un estado que ha adoptado programas de «santuario» hacia los migrantes indocumentados, para que entregue información sobre tres supuestas amenazas a la seguridad pública provenientes de «extranjeros ilegales».
«Es desafortunado que los funcionarios electos de Connecticut al parecer sean incapaces de entender la amenaza a la seguridad pública que presentan los extranjeros ilegales criminales que estos funcionarios tratan de proteger», sostuvo Todd Lyons, director interino de la oficina regional en Boston de la agencia de Aduanas y Fronteras (ICE, en inglés).
Las órdenes conminatorias fueron necesarias «porque el Departamento de Prisiones del Estado de Connecticut ha continuado ignorando los pedidos de información y cooperación de ICE», señaló la agencia en un comunicado.
Connecticut aprobó en junio pasado una legislación que entró en vigencia en enero de este año y que pone condiciones a la cooperación voluntaria de las autoridades policiales estatales y locales con los funcionarios de ICE que procuran detener y deportar a indocumentados.
Esa ley prohíbe que las autoridades mantengan retenido a alguien solamente como resultado de una orden civil de detención a menos que la persona sea culpable de delitos graves, esté en una lista de vigilancia de terroristas, o se haya emitido una orden judicial de arresto, y limita la transmisión de información a ICE.
El comunicado indicó que una de las «amenazas a la seguridad pública» la representa un hondureño de 31 años de edad, condenado por homicidio en segundo grado en este estado del noreste del país.
«El hondureño, que cumplió tres años de una sentencia reducida fue excarcelado en enero de 2020 por el estado de Connecticut», agregó. «A pesar de una orden definitiva de deportación emitida por un juez de inmigración, y a pesar de que ICE solicitó una detención, fue liberado el mes pasado», continuó el comunicado.
La segunda amenaza la representa, según ICE, un guatemalteco con orden final de expulsión, condenado por robo armado en octubre de 2019 y que fue liberado en enero de 2020 «como resultado de las políticas de santuario» de Connecticut y a pesar del pedido de detención hecho por ICE.
El tercer individuo en este trámite es un dominicano de 21 años, condenado por dos cargos vinculados a drogas ilegales, quien también fue dejado en libertad por Connecticut a pesar de la orden de detención de ICE.
«Estos son los mismos criminales que ya han sido arrestados por las policías locales y estatales debido a crímenes perpetrados, a menudo, contra las mismas comunidades inmigrantes que estos funcionarios dicen que protegen», sostuvo Lyons.
ICE afirmó que está procurando localizar a los tres individuos que, en su opinión, representan una «amenaza al público» y todo como resultado directo de la «política deliberada de Connecticut que da santuario a los extranjeros ilegales criminales», según el comunicado.
Este es un episodio más de la lucha entre la Administración Trump y las «ciudades santuario», como se conoce a las jurisdicciones que rechazan colaborar en materia migratoria, área de competencia exclusiva del Gobierno federal.
