Chicago (IL) – Al cumplirse un año este domingo de la muerte de la niña guatemalteca Jakelin Caal Maquín en un puesto de la Patrulla Fronteriza (CBP), congresistas y activistas reclamaron al Gobierno «transparencia» y «responsabilidades» por lo sucedido en Nuevo México y otras «tragedias» infantiles predecibles.
«Hasta el día de hoy, el Congreso no ha recibido ninguna información sobre la muerte; el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha cumplido con su obligación legal», declaró en un comunicado el congresista demócrata por Texas Joaquín Castro.
Existen disposiciones vigentes que no se cumplen y que requieren que la Patrulla Fronteriza informe al Congreso sobre la muerte de cualquier individuo bajo su custodia en un plazo de 24 horas, dijo el legislador.
Si ocurriera bajo el control de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), esta agencia tiene que hacerlo en un plazo de 30 días.
Sin embargo, estos requisitos no se cumplen, a pesar de «los miles de niños migrantes que pasan por su cuidado todos los años», agregó.
Junto a su colega Pramila Jayapal, congresista por Washington, presentaron este viernes en la Cámara de Representantes un proyecto de ley que lleva el nombre de Jakeline y obliga al DHS y a la Oficina de Salud y Servicios Humanos a investigar e informar sobre todas las muertes de personas bajo custodia del Gobierno.
Jakeline tenía siete años y provenía de la comunidad indígena de Alta Verapaz, en el norte de Guatemala.
El 6 de diciembre de 2018 cruzó la frontera de forma ilegal por el desierto de Nuevo México, acompañada por su padre, Nery Caal, de 29 años.
Los dos integraban un grupo de 163 inmigrantes que se entregó en horas de la noche al sur de la localidad de Lordsburg (Nuevo México).
Según un comunicado de la Patrulla Fronteriza, la niña llevaba «varios días sin comer o consumir agua» en el momento de su detención y murió 48 horas después.
El Gobierno divulgó la autopsia, que reveló como causas de la muerte, una infección generalizada, fiebre y deshidratación, pero desde entonces no se conocieron otros detalles de lo investigado o conclusiones hasta el momento.
«La muerte de Jakelin es una mancha oscura en el tejido moral de este país», dijo Castro, quien calificó el proyecto de ley como «una alarma contra las injusticias» y demandó respuestas rápidas y sin demora de las agencias e instituciones gubernamentales.
Para el Center for American Progress, aunque Jakeline fue el primer menor que murió en custodia de la Patrulla Fronteriza en más de una década, por lo menos cinco más han fallecido en el año transcurrido, «a menudo debido a negligencia o enfermedades totalmente evitables».
Tom Jawetz, vicepresidente de inmigración, informó de que el centro ha intentado sin éxito obtener información oficial del Inspector General del DHS o de la Oficina de Responsabilidad Profesional de la Patrulla Fronteriza, para «entender mejor las circunstancias que condujeron a la muerte de Jakeline».
Sin embargo, el resultado ha sido una «ausencia total de transparencia» y de «rendición de cuentas» por lo sucedido, señaló en un comunicado.
Wendy Young, presidenta de la organización humanitaria KIND (Niños Necesitados de Defensa), declaró a Efe que en el trágico aniversario de Jakelin, el país lamenta además la muerte reciente de otro niño guatemalteco por culpa de las fallas del sistema migratorio.
Mencionó el caso de Carlos Gregorio Hernández Vásquez, de 16 años, quien colapsó en una celda de la Patrulla Fronteriza en Texas durante la noche y permaneció en el piso durante cuatro horas hasta que los guardias fueron alertados y lo encontraron sin vida.
«Ningún niño que busque seguridad y un futuro lleno de promesas en los Estados Unidos debe enfrentar un tratamiento de este tipo en manos de la Patrulla Fronteriza, y su muerte, y la otros como él, demanda una investigación completa y llamado a responsabilidad de todos los involucrados», expresó.
El niño puede haber estado enfermo de gripe, una enfermedad que, según dijo a Efe el congresista demócrata por California Raúl Ruíz, se propaga sin control en los lugares de detención fronteriza.
El legislador, que es médico, visitó recientemente el lugar donde estuvo alojada Jakeline hace un año y comprobó «horrorizado» las condiciones a los que son sometidos niños y adultos.
«Las instalaciones están tan llenas de gente que no se puede ver el suelo, las personas tosen unas sobre otras, sin instalaciones sanitarias apropiadas o lugares donde lavar sus manos bañarse», relató.
Donald Kerwin, director ejecutivo del Centro de Estudios de Migración, dijo a Efe que la muerte de Jakelin y de otros niños en custodia de agencias de inmigración, «son llamadas a menudo tragedias».
«Pero son el tipo de tragedia que se podría pronosticar y que involucra la complicidad de todos nosotros», en particular el Gobierno, que cada día busca aplicar políticas más duras hacia los inmigrantes y quienes buscan asilo.
En el mismo sentido se expresó John-Michael Torres, de La Unión del Pueblo Entero (LUPE), para quien las muertes de niños en la frontera son responsabilidad de las políticas de «odio y militarización» aplicadas por el Gobierno de los EE.UU.
«Cada una de esas muertes es una tragedia terrible», dijo el activista, quien culpó al presidente Donald Trump de ser «intencionalmente» cruel con los niños, como castigo a los padres que intentan ingresar ilegalmente al país.
