Tegucigalpa – Mercedes Pérez, representante de la Comisión de Acción Social Menonita (CASM), se refirió al estado de excepción para contrarrestar la violencia y criminalidad decretado por la presidenta Xiomara Castro de Zelaya en Honduras.
En ese sentido, considera que la falta de empleo, la pobreza y los altos índices de criminalidad y violencia no han cambiado en la nación centroamericana, sin embargo alberga la esperanza que ese pesado escenario pueda mejorar en el próximo año.
Consecuentemente indicó que las condiciones de Honduras son complejas debido a las múltiples crisis que afronta la nueva administración de gobierno, como la pobreza extrema y corrupción “principales causantes de la ruina en que se encuentra el país”.
Frente a esos contextos, la entrevistada dijo que la expectativa para el próximo año es que se tenga una mejor planificación que permita el mejoramiento de la convivencia y bienestar, porque la extorsión es uno de los factores y raíz que obliga a la población a abandonar el país.
Según Pérez, las denuncias por extorsión son cada más fuertes en Honduras, por lo que instó a la población a no dejar de denunciar ese ilícito, que a su juicio debería tener pronta respuesta de las autoridades, tal como lo prometieron.
Finalmente indicó “esperamos que estas medidas de excepción funcionen, sabemos que afectan a un sector, pero a la larga creo que van a tener resultados y esperemos que no se violenten los derechos de las personas porque ese es el temor, que se pueda encarcelar a personas que no tienen que ver con la criminalidad”.
Un reciente informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) indica que unas 942 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado, quienes tuvieron que abandonar sus hogares para salvaguardar su vida como consecuencia de la violencia generalizada en 2021.
La Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) del Conadeh, atendió 917 quejas, durante en 2021, de las que resultaron afectadas 2 mil 529 personas, de ellas 942 (37%) fueron víctimas de desplazamiento forzado mientras que, mil 587 (63%) están en riesgo de desplazamiento.
Esta dependencia del Comisionado Nacional, también reveló queregistra entre enero de 2016 a diciembre de 2021 un total de 5 mil 81 casos de desplazamiento forzado; de la anterior cifra el 10 % fue a causa de la extorsión, es decir 525 casos con mil 701 personas afectadas.
De acuerdo al estudio de Caracterización del Desplazamiento Forzado en Honduras, alrededor de 247 mil 90 personas se desplazaron entre 2004 y 2018 en el territorio hondureño. El 82 % de ella son de los departamentos de Cortés, Francisco Morazán, Atlántida, Olancho y Yoro. JP
