Tegucigalpa – Al igual que sucedió con el huracán Mitch en 1999, los líderes hondureños en Estados Unidos piden que mediante decreto ejecutivo o legislativo se inicie un nuevo proceso para de Estatus de Protección Temporal (TPS) para los miles de connacionales damnificados por el paso de la tormenta tropical Eta.

-El programa protege a sus beneficiados de la deportación y otorga un permiso de trabajo en EEUU.

Así lo expresó a Proceso Digital el representante de la organización Hondureños Unidos en Los Ángeles (HULA), Leoncio Velásquez, quien reconoció que el programa ya fue cancelado por el presidente estadounidense Donald Trump pero al aproximarse una nueva transición en el poder de Estados Unidos, dijo guarda la esperanza de un nuevo TPS para los damnificados por Eta.

El líder hondureño explicó que el TPS ha permitido a personas provenientes de determinados países con condiciones extraordinarias, como guerras o conflictos armados o desastres naturales, vivir y trabajar legalmente sin temor a la deportación en EEUU.

“Lo que esperamos todas las comunidades con TPS es que el nuevo presidente de Estados Unidos revierta las decisiones tomadas por Trump en materia de inmigración”, espera.

El presidente de la organización Hondureños Unidos en Los Ángeles (HULA), Leoncio Velázquez, visitó la sala de redacción de Proceso Digital y Departamento 19.

Argumento

Fuera de varios tecnicismos que hay que considerar, el representante de la organización Hondureños Unidos en Los Ángeles (HULA), puntualizó que el principal argumento para un nuevo TPS es que Honduras recién acaba de sufrir un embate por la tormenta tropical Eta que ahora afecta al sur de Miami, Florida.

Además, argumentó que las cosas en Honduras no están bien y se lucha contra la pandemia, otra razón a considerar para brindar protección a los hondureños.

“Son argumentos de mucho peso para pedirle que tenga consideración y se brinde el programa TPS no solo para los hondureños sino para toda la región”, apuntó.

Sin embargo, explicó que son las propias autoridades estadounidenses las que deben brindar la recomendación de un nuevo TPS después de evaluar y realizar un balance en conjunto con las autoridades hondureñas sobre los daños y afectaciones por el paso de Eta.

TPS

Desde el 5 de enero de 1999 y luego de las devastadoras consecuencias que dejó en 1998 el huracán Mitch, Honduras fue uno de los países beneficiados con el otorgamiento del TPS. Desde ese entonces el gobierno estadounidense concedió a los beneficiarios 15 extensiones.

A inicios de mayo de 2018, Estados Unidos anunció la cancelación del TPS para los hondureños y concedió una extensión automática de los permisos de trabajo hasta el 4 de enero de 2021. Desde ese momento el gobierno hondureño lanzó una ofensiva diplomática para dialogar con las autoridades estadounidenses y buscar alternativas de apoyo para los hondureños.

Sin embargo, la cancelación del TPS quedó en suspenso mientras el sistema judicial estadounidense resuelve una demanda, conocida como el caso Battarai v. Nielsen, que interpusieron en esa nación un grupo de beneficiarios de Honduras y de Nepal, lográndose así que los beneficios de ese acuerdo se mantienen aún vigentes.

El TPS se creó bajo la presidencia del republicano George H.W. Bush (1989-1993), cuando el Congreso estableció un procedimiento que permite al Gobierno otorgar un permiso temporal de residencia y trabajo a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos, epidemias o desastres naturales.

Decreto ejecutivo o legislativo

De su lado, el presidente de la Organización 15 de Septiembre con sede en Miami, Juan Flores, coincidió con la idea de un nuevo TPS para los damnificados por Eta, pero señaló que debe ser el Congreso Nacional o el Presidente de la República quienes deben dar el primer paso y solicitarlo.

Ellos como líderes ya lo han solicitado ahora corresponde a las autoridades hacer su parte, acotó.

“Le hemos pedido al presidente de Honduras que pida un nuevo TPS a la administración del presidente Biden y debe ser ya en el equipo de transición que nombre el presidente Biden para que también paren las deportaciones”, comentó a Proceso Digital el líder hondureño desde Miami, Florida.

Consideró que esta solicitud se debe realizar a la prontitud para también frenar las deportaciones de los hondureños ya amparados al TPS ya que a estos solo les queda hasta el de enero de 2021 para abandonar el país.

Añadió que ya han conversado con un grupo de abogados quienes también colaboraron en la petición de TPS en el año 1998 y están prestos a colaborar nuevamente.

“Ahora mismo esto depende del presidente Juan Orlando o del presidente del Congreso a quien ya hemos pedido respuesta sobre esta gestión pero no hemos recibido respuesta”, zanjó.

Fotografía del boulevard principal que conecta la ciudad de El Progreso con San Pedro Sula inundada a causa del huracán Eta, hoy en la ciudad de El Progreso departamento de Yoro (Honduras). EFE/Jose Valle

El paso de Eta por Honduras

El paso de Eta por Honduras deja un total de 26 personas muertas y seis desaparecidas según el último corte de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

El organismo de protección civil no precisó detalles sobre las edades ni sexo de los muertos, pero indicó que hay seis personas desaparecidas.

Hay más de 65 mil 900 personas incomunicadas en 68 comunidades y 26 mil 795 han sido evacuadas o rescatadas, mientras más de 11 mil han sido ubicadas temporalmente en 175 albergues, añade el informe de Copeco.

En total, más de 1.7 millones de personas han sido afectadas en Honduras, donde además 140 viviendas resultaron dañadas y 49 totalmente destruidas.

TPS hasta 2021

Es oportuno mencionar que el Gobierno de EEUU anunció en noviembre de 2019 que prorrogó hasta el 4 de enero de 2021 el beneficio migratorio del TPS para El Salvador, Honduras y Nicaragua, así como para Haití, Nepal y Sudán.

Según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), la medida incluye la extensión automática de los permisos de trabajo para los ciudadanos cobijados por este amparo.

El DHS aclaró que la decisión se adoptó en cumplimiento de órdenes judiciales emanadas por las cortes para el Distrito del Norte de California y el Distrito Este de Nueva York.