La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) dijo que los oficiales de la Patrulla encontraron al grupo de 197 migrantes en la mañana del miércoles en una área cercana a San Miguel, al suroeste de Tucson, Arizona. EFE/Gary M. Williams/Archivo

Tucson (EE.UU.) – Dueños de negocios y líderes religiosos hicieron este martes un llamado a la gobernadora de Arizona, la demócrata Katie Hobbs, para que vete un proyecto de ley antiinmigrante que convierte en delito estatal el cruce indocumentado de la frontera con México.

Durante una conferencia de prensa, los empresarios expresaron su preocupación ante la posibilidad de que la gobernadora firme la iniciativa HB 2748, bautizada como la “Ley de Invasión de Arizona”.

La propuesta criminalizaría a los inmigrantes al autorizar a los departamentos de policía de Arizona a detener y arrestar a los extranjeros que cruzan la frontera de forma ilegal.

Este proyecto, impulsado por los republicanos, también otorgaría inmunidad a los policías y sus departamentos de cualquier acción legal en su contra debido a posibles incidentes ocurridos mientras se aplique la ley.

El proyecto hace parte de un paquete de leyes aprobadas rápidamente por los republicanos en respuesta al aumento de cruce de migrantes en la frontera sur de EE.UU.

Los empresarios temen que la historia ocurrida en el 2010 cuando se aprobó en Arizona la controversial ley SB 1070, que criminalizaba la presencia de inmigrantes indocumentados en el estado, se vuelva a repetir.

Consideran que los inmigrantes, que forman parte de la fuerza laboral de Arizona, decidirán irse del estado en caso de que el proyecto HB 2748 sea aprobado.

“Esta ley no resuelve la crisis migratoria, pero sí afectaría a los negocios y las comunidades de Arizona”, dijo la empresaria Kimber Lanning, fundadora y CEO de Local First Arizona.

Lanning indicó durante una conferencia de prensa que el estado ya enfrenta una falta de fuerza laboral y que este tipo de legislación, en su opinión, “solo empeoraría la situación”.

La propuesta también ordenaría a la Oficina de la Fiscalía Estatal tomar las medidas necesarias legales para obligar al gobierno federal a pagar por los gastos que tenga el estado por el cruce de inmigrantes indocumentados.

Steve Chanen, presidente de la constructora Chanen Inc, dijo en la misma conferencia de prensa que el 23% de la fuerza laboral en la construcción en el estado de Arizona son inmigrantes.

En el 2010 cuando la SB1070 fue aprobada, también conocida como “Muéstrame tus papeles”, un gran número de familias inmigrantes, en su mayoría latinas, abandonaron el estado.

Aunque gran parte de la legislación de la SB1070 fue eliminada por la Corte Suprema de Justicia, actualmente aún sobrevive el poder de los policías de cuestionar el estatus migratorio de las personas que sospechan son indocumentadas.

Pero la SB1070 solo pide que los agentes contacten a la Patrulla Fronteriza quien se encarga de procesar a los inmigrantes sin documentos.

El llamado se hizo al mismo tiempo que la Corte Suprema dio luz verde a la ley de Texas SB4, que da potestad a las autoridades locales de ese estado a detener y expulsar a migrantes sospechosos de ingresar de forma irregular a Estados Unidos.

Varios de los proyectos de ley en Arizona como la HB 2748 han sido inspirados en esa legislación aprobada por Texas en diciembre pasado, y que fue demandada por el Gobierno del presidente Joe Biden y organizaciones que defienden los inmigrantes.

La gobernadora Hobbs vetó a principios de este mes la propuesta de ley SB 1231 que, al igual que la HB 2748, criminalizaba a los indocumentados en el estado.