Denver (CO) – Ante la creciente incertidumbre por el futuro de la Acción Diferida (DACA), la Universidad de Colorado (CU) ha intensificado sus gestiones para proveer ayuda legal y financiera a estudiantes indocumentados, movilizando a alumnos y profesores para encontrar alternativas.
Un claro ejemplo de ello es la profesora en la Escuela de Leyes de CU en Boulder Violeta Chapín, que pasó de dar una o dos conferencias al año sobre inmigración para el personal administrativo del centro a ofrecer decenas de presentaciones comunitarias sobre el tema.
Además, bajo la dirección de Chapin, el foco de las «clínicas legales» (cuando los estudiantes de abogacía se hacen cargo, bajo supervisión de sus profesores, de sus primeros casos) se modificó y ahora aceptan casos de inmigración dentro de la universidad.
«Desde la elección del presidente (Donald) Trump, el personal universitario quiso saber qué estaba pasando y de qué manera las nuevas reglas migratorias los afectarían a ellos y a sus familias. Y luego comenzamos a trabajar con los beneficiados por DACA, cuando se dijo que DACA quedaría anulado», explicó Chapin a Efe.
Pero ante la posibilidad de que la Corte Suprema suspenda en 2020 DACA, el programa aprobado en 2012 por el entonces presidente, Barack Obama, para dar un permiso de residencia y trabajo a los «soñadores», Chapin y sus colaboradores capacitan a estos jóvenes para que analicen sus alternativas.
Entre ellas está la posibilidad de seguir estudiando. Por ello, CU Boulder, que ofrece ayuda a unos 70 «soñadores», creó un comité interdisciplinario que se reúne dos veces al año para implementar opciones para esos estudiantes.
Por ejemplo, si un estudiante ya no puede asistir a clases en persona debido su situación migratoria, se le permitirá, con ciertas restricciones, completar sus estudios en línea. Y las clínicas legales ahora buscan alternativas específicas para cada caso de estudiantes con estatus inmigratorio irregular.
Pero los numerosos paneles, talleres y sesiones de consulta tienen otro propósito, el de hacerle saber a los inmigrantes en general que, «contrariamente a la narrativa que siempre escuchan, hay mucha gente que quiere a los inmigrantes y que los quiere aquí».
La razón, dijo, es que los inmigrantes en general, y los estudiantes inmigrantes en particular, son «exitosos, resistentes, esmerados y agradecidos» porque «saben que la educación es lo único que tienen».
«Dejar de educar a los inmigrantes tendrá un impacto negativo en la sociedad, como ya lo reconoció la Corte Suprema de Estados Unidos en 1982 (caso Plyler vs. Doe) cuando dictaminó que no se le puede negar educación primaria o secundaria a un estudiante sólo por su situación inmigratoria irregular debido a que ese estudiante, por su edad, no fue responsable por no cumplir con esas leyes», puntualizó Chapin.
Aquel dictamen, aunque no menciona la educación superior, resulta relevante para la situación actual de los estudiantes con DACA, según Chapin, antes defensora pública en Washington DC y participante en proyectos de ayuda a granjeros en El Salvador.
Pero para ella existe algo más preocupante que la posible anulación de DACA y es «la incapacidad de diálogo y de negociación» en el Congreso y en la sociedad en general que «impiden hablar de temas difícil o con personas con puntos de vista divergentes».
Y mientras esa situación persista, los proyectos de ley sobre inmigración «seguirán siendo rechazados, 19 veces en el caso de la llamada Ley DREAM».
Por eso, dijo, los diálogos comunitarios que ella convoca y organiza son necesarios, no solamente «para no dejarse atrapar por una cierta narrativa», sino también para entender que «los beneficiados por DACA fueron personas con dignidad humana antes de DACA y lo seguirán siendo después de DACA».
Por eso, dijo Chapin, «mis estudiantes seguirán representando a clientes en cortes estatales y federales, en casos criminales y de inmigración».
